Ya ha entrado en vigor la ley de arrendamientos urbanos (LAU), el real decreto ley de medidas urgentes en materia de viviendas y alquiler cuyo objetivo es atajar la burbuja de los precios en las grandes capitales. La ley atiende a una de las principales demandas de los inquilinos: la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler (pasarán de tres a cinco años, siete si el arrendador es una empresa). Pero pospone la posibilidad de que los ayuntamientos pongan un tope a los precios en aquellas zonas con alquileres disparados. Esta era una de las medidas más esperadas para frenar la voracidad desbocada del mercado y había sido pactada con Podemos, que no acepta la demora. 

Lo cierto es que la situación ha llegado a unos límites insostenibles. La radiografía de Barcelona desnuda la necesidad de medidas urgentes y contundentes que frenen la especulación y eviten el éxodo de vecinos. Por no hablar de los desahucios de alquiler, que ya representan el 65% del total. El endurecimiento de las condiciones de financiación dificulta el acceso a la compra, con lo que más personas han tenido que recurrir al alquiler. Tendencia que ha sido aprovechada por el mercado para encarecer los precios.

La vivienda es un derecho básico, y la Administración tiene la obligación de protegerlo. Si el mercado de alquileres no es capaz de regular los abusos, parece lógico que los ayuntamientos puedan disponer de herramientas efectivas para defender a sus ciudadanos.