Cierren los ojos y, aunque les cueste, imaginen la siguiente escena. Los socios del Govern entierran el hacha de guerra y, sin renunciar a sus ideales ni a exigir la libertad de los presos, entablan un diálogo honesto con los grupos de la oposición. De las cesiones y transacciones de todos emerge por amplio consenso una iniciativa audaz: el Parlament insta una reforma constitucional que, entre otros hitos, establece bajo qué requisitos y en qué plazos Catalunya podría votar su futuro estatus político, dentro o fuera de España. Nada excéntrico ni revolucionario; las cámaras autonómicas están legitimadas para promover cambios de la Carta Magna.
La propuesta catalana llegaría, allá por el 2020, a un Congreso más polarizado que nunca: la derecha partida en tres --y el caballo de Pavía relinchando en la bancada de VoxVox--, el PSOE acoquinado por la oleada patriotera, las izquierdas peleadas, el independentismo a lo suyo y la gobernabilidad, en el aire. Escenario poco propicio para esperar que los partidos obren con sentido de Estado, últimamente tan escaso en política como el del ridículo.
Hace 40 años todos, franquistas y antifranquistas, reaccionarios y comunistas, buscaron el mínimo común denominador en pro del bien común. Los herederos del régimen aceptaron a regañadientes una Constitución abierta y de corte federal que hoy los nostálgicos exigen diluir o derogar. Acataron la monarquía los comunistas que ahora denuncian al Rey emérito como miembro de una “organización criminal”. Y abdicó de la secesión el catalanismo conservador que, paseado bajo palio durante décadas por derechas e izquierdas españolas, ahora abraza la autodeterminación con furor digno de mayor congruencia.
EQUILIBRIO DE FUERZAS
La generosidad y renuncias que propiciaron el ahora estigmatizado ‘pacto del 78’ se antojan improbables 40 años después. Con el vigente equilibrio de fuerzas y el que se avizora, o el cambio de la Constitución no concitaría el consenso exigido, o tendería hacia la involución. La solución al conflicto catalán quizá reclame a la larga una reforma constitucional, pero, por ahora, mejor no menealla.