Escribir sobre la actualidad -si no fuera por la fuerza de la voluntad- inclinaría a un pesimismo agudo. En la política española -incluida la catalana- hay demasiado conflicto cerril, riña continua y la cerrazón mental. Pero a veces hay cosas que parece que salen un poco bien, como el reciente acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.
Muchas veces la renovación de las instituciones que requieren un consenso -como el CGPJ o el Constitucional- solo se ha logrado tras largos meses (incluso años) de inmundo retraso. Esta vez, pese a la gran tensión entre PP y PSOE, no ha sido así. Es positivo pues la permanente ausencia de consenso es una de las principales causas de la crispación y el bloqueo político.
La elección parlamentaria de los jueces se presta a críticas, pero es normal en las democracias y la selección por las tres quintas partes del Congreso genera más confianza y transparencia que la elección corporativa y cerrada por solo los que viven de la profesión. ¿O no?
Cierto que haber designado presidente del CGPJ y del Supremo antes de que lo elijan los 20 miembros que lo integran (que es lo que marca la ley) suena caciquil. Y lo es. Pero un pacto complicado exige muchas renuncias -por eso no ha gustado a los que creen que la España verdadera es la del PP, o la progresista- y, siendo realistas, en este momento era quizás inevitable pactar el nombre del presidente.
El PP, que ahora tenía mucha fuerza en el CGPJ, podía optar -no sería la primer vez- por bloquear la renovación. Ha puesto la condición de escoger al nuevo presidente, Manuel Marchena, un conservador avispado y sin complejos. Pero el PSOE ya había logrado que el nuevo presidente tenga menos poder que Carlos Lesmes, el actual, por el abandono de ley del PP (Alberto Ruiz-Gallardón) que hizo al CGPJ menos colegiado y mucho más presidencialista. Se garantiza también una mayoría progresista (once de los veinte miembros).
Por otra parte, el juicio más relevante de la democracia será el de los políticos catalanes del 1-0. Marchena era el presidente de la sala de lo Penal y el inspirador de la muy severa instrucción del juez Llarena. Y habría sido presidente y ponente del tribunal juzgador, lo que generaba mucha polémica. Ahora 'la patada hacia arriba' le aleja de la causa y su sucesor, Andrés Martinez Arrieta, tiene un perfil mas moderado.
Los equilibrios del tribunal no cambiarán mucho, pero lo seguro es que el relevo no va a crispar más el caso. ¿Puede contribuir también a la tan necesaria desinflamación, primer paso para un imprescindible diálogo?
La política y la justicia están muy ligadas. Recordemos lo que sucede cada vez que se tiene que elegir un nuevo juez del Supremo americano. Otra cosa es la independencia a la hora de juzgar y el no supeditar la ley a la ideología. Eso siempre queda al final en manos de cada juez.
El acuerdo para el CGPJ no es lo peor que podía pasar. Mucho más grave habría sido el bloqueo indefinido de otras veces.