La excepcionalidad política que el Estado ha impuesto en Catalunya es el capítulo más oscuro de las últimas cuatro décadas. El 1 de octubre del 2017 fue una muestra más de un Estado dispuesto a tirar del manual del abuso de poder y la violencia bajo el pretexto de blindar la unidad territorial. Violencia sí hubo y mucha. La ejercieron los agentes de Policía nacional y Guardia Civil contra personas que ejercían sus derechos civiles y políticos pacíficamente. Ejercicio de derechos y libertades como el del 20-S en la Conselleria d'Economia20-SConselleria d'Economia. Una movilización pacífica que tanto Guardia civil, como fiscalía y los magistrados instructores de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo tildan de actos de insurrección pública o levantamiento. Ignoran el contenido del derecho de reunión y manifestación y las obligaciones positivas y negativas que este impone al Estado. De hecho, en el auto de procesamiento del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi CuixartJordi SànchezJordi Cuixart, se les atribuye haber movilizado a miles de personas y concentrarse pacíficamente. Hechos que no son constitutivos de delito, o que no deberían serlo en ningún Estado que se considere democrático.
Criminalizar la disidencia
El otoño de hace un año sienta un grave precedente: cualquier movilización masiva puede ser ahora perseguida como un delito de rebelión. Y esto no afecta solo al independentismo, sino a toda la ciudadanía española, porque mañana pueden ser las movilizaciones, por ejemplo, por el derecho a una vivienda. En la misma línea, se utilizan los delitos de opinión -como el de odio, ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo- para perseguir discursos críticos con el Estado, ya tengan forma de rap, tuit o un debate en un centro escolar. El mensaje y el objetivo son claros: criminalizar la disidencia, evitar el pensamiento crítico.
La judicialización de un conflicto que es político es muy clara, la politización de la justicia, a altas instancias, también lo es. El juicio a los líderes soberanistas es un juicio a la democracia y a los derechos humanos. Este conflicto no se solucionará a golpe de Código Penal y este es uno de los principios que recoge la plataforma Som el 80 Som el 80 que es la expresión de una sociedad diversa y plural que no acepta la represión y que no quiere que la política pase por el juzgado o la cárcel.
Ante un juicio que será la vergüenza de la Europa de los derechos, Som el 80 apela a una respuesta amplia y de país; que demuestre que cuando los derechos y las libertades fundamentales están en riesgo, hay una respuesta determinada y valiente. Es el grito unánime del 'No a la guerra' o del 'Sí queremos acoger'. Estas mayorías que se han reflejado en los últimos 40 años están ahora en el rechazo a la represión y a los presos políticos y la búsqueda de una solución política.
Som el 80 es el espejo de un Estado que criminaliza los derechos fundamentales, en el que ve que la sociedad no está dispuesta a solucionar los conflictos a base de represión y cárcel. Por todo ello es importante la iniciativa de Òmnium de crear este marco de trabajo que nos fortalece ante la represión.