El máster de Cifuentes y Casado ha abierto la veda a investigar los títulos de los políticos. Esta semana ha dimitido la ministra de Sanidad y se pone en duda la validez del doctorado del presidente del Gobierno. Esto solo es positivo si se hace con rigor y en pro de la transparencia, no como parte de un circo político y mediático donde lanzar al oponente a los leones. Las dimensiones de esta polémica nos afectan a todos y es necesario separarlas para poder sacar algo positivo. Si se gestiona bien, esta crisis puede reforzar el sistema educativo universitario español. Si, por el contrario, se gestiona como simples acusaciones entre partidos, se estará perdiendo la oportunidad de mejorar los errores del sistema – que los hay – y de concienciar a la sociedad de la necesidad de recuperar el rigor de la educación.

A nivel político, es importante investigar el tráfico de influencias y si los implicados (Cifuentes y Casado, del PP; Montón y Sánchez, del PSOE) recibieron trato de favor por ser cargos públicos o políticos. El mensaje que ello da a la sociedad, importa. Quienes tenemos algún tipo de autoridad provista por la estructura social – gobernantes, profesores, médicos, abogados o jueces, por ejemplo - debemos ser conscientes y tajantes en nuestras acciones. Nuestras decisiones no solo refuerzan o anulan esa autoridad que se nos da sin más, sino que afectan a todos nuestros compañeros. La clase política no puede hablar de esfuerzo y pedir a la población que sostenga los efectos de la crisis, estudie, trabaje, y pague créditos, mientras demuestra que valen más un nombre o una cuenta corriente.

Ahora bien, la dimensión académica y social no puede pasar desapercibida. Si estos casos sirven para enfrentarse a los fallos del sistema universitario, bienvenidos sean. Las aulas de infantil y primaria están sobrepobladas, los centros no tienen suficientes recursos y los profesores pierden ilusión y vocación. Esto no cambia cuando se llega a la universidad. Son multitud quienes estudian un título universitario sin tener interés real y traduciéndose en falta de implicación en las aulas. El profesorado tampoco quedamos libres de crítica: malas praxis endógenas y silenciosas. Debemos aumentar nuestra exigencia, nuestro rigor, ser tajantes en el cumplimiento de las normas. Cero complicidades con quienes ensucien el nombre de nuestras universidades desmotivando a alumnos y compañeros. Por último, las universidades tienen mucha responsabilidad también. Tenemos profesorado precario y en condiciones que deberían avergonzar a cualquier sociedad y también una enorme falta de recursos que ayudarían a reducir muchos de esos problemas. En estos casos, existen softwares de reconocimiento de plagio que en algunos países son obligatorios.

Siempre habrá padres que hagan los deberes de sus hijos, jóvenes que paguen por un trabajo y quien quiera sacarse títulos de forma fraudulenta. Lo importante es que eso sea una vergüenza, que no sea meritorio de alabanza y que valoremos el esfuerzo y la valía. Devolvamos a la educación el valor que merece en nuestra sociedad.