Desde hace ya algunos años en Catalunya se libra una batalla por los símbolos políticos. Primero fueron los ayuntamientos gobernados por las fuerzas independentistas los que decidieron izar la estelada. En muchas ocasiones esa bandera que representa una aspiración política absolutamente legítima pero que no es oficial se ha mantenido incluso en periodo electoral, algo presuntamente delictivo que en el caso de Berga supuso la detención de su alcaldesa por negarse a comparecer ante el juez para declarar al respecto. Posteriormente, a raíz del encarcelamiento de los líderes independentistas, el lazo amarillo con el que se reivindica su puesta en libertad se ha convertido en el símbolo independentista  por excelencia y desde entonces ocupa instituciones y lugares públicos.

Tanto la presencia de esteladas como de material de apoyo a los políticos presos en las instituciones ha sido llevada a los tribunales. El TSJC ha dictaminado a instancias de SCC que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès debía retirar la estelada al estimar que su uso era partidista y que atentaba contra la neutralidad y ha recordado que garantizarla no depende de la voluntad de los poderes públicos. A diferencia de lo sucedido con la estelada, ese mismo tribunal no ha admitido a trámite un recurso que exigía la retirada cautelar de los lazos, las pancartas y las fotos de apoyo a los políticos presos de las instituciones. Ello no ha impedido que Ciudadanos haya iniciado una campaña para retirar la simbología independentista de las instituciones, que en Reus acabó en altercado al tratar de descolgar una pancarta. Ese incidente vino a sumarse a los que se habían producido en algunas playas cuando ciudadanos antiindependentistas trataron de retirar cruces amarillas en memoria de los presos,  y a los que hace días enfrentan a independentistas e independentistas por la retirada de lazos amarillos del espacio público.

El hecho de que algunas de las personas que retiraban lazos hayan sido identificadas por la policía, circunstancia que está siendo investigada por la fiscalía, y  la agresión sufrida por la esposa de un miembro de Cs a las puertas de la Ciutadella después de que un individuo le recriminara que retiraba y arrojaba lazos al suelo, bien fuese por motivos políticos o cívicos, han hecho aumentar la tensión. Hasta el punto que en la manifestación de repulsa a la violencia convocada por Cs un cámara de televisión, confundido con uno de TV-3,  ha sido agredido después de que el partido hubiese recriminado a ese canal un tratamiento de la agresión a la mujer poco riguroso.

En Catalunya no hay un conflicto civil generalizado pero sí que están creciendo los enfrentamientos, las agresiones y los señalamientos por parte de ambos bandos. Y  lo más inquietante es que algunos líderes irresponsables tanto independentistas como unionistas ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio y por puro interés partidista siguen alimentando la crispación. Es lo que consiguen al criminalizar siempre al adversario y al no reconocer nunca ningún error.