El Gobierno de España dice que ha destituido al Govern de Catalunya, que ha disuelto el Parlament y que convoca elecciones. La realidad es que desde la proclamación de la república catalana en el Parlament de Catalunya el viernes pasado estamos delante de un choque de legitimidades y que Mariano Rajoy puede decir una cosa y que lo que acabe pasando sea otra.

El jueves los más reacios a la declaración de independencia argumentaban que Catalunya no dispone de las herramientas para hacerla efectiva, y no digo que les falte razón: hay un componente muy evidente de salto al vacío. Pero lo que se debe poner de relieve es que, hasta ahora, el control total de Catalunya lo tenía España, y ahora ya no sabemos si es así. Cada pequeña parcela que se escape de su control puede leerse como una derrota para el Gobierno español y una victoria para la república proclamada.

El escenario de hoy ya lo hemos vivido: lo vivimos el día 1 de octubre. Vimos un grueso importantísimo de la población catalana actuando de manera completamente autónoma, y vimos también como el Gobierno español aplicaba un 155 de facto, efectuando detenciones, interviniendo las finanzas de la Generalitat y enviando a la policía a parar el referéndum, sin éxito.

El desenlace de la situación actual es difícil de prever, y no seré yo quien se aventure a hacer augurios. Lo que sí que queda muy claro es que España no puede hacer desaparecer a esta parte de la población catalana capaz de conformar una mayoría organizada, que está tan disconforme con su estructura estatal que está dispuesta a prescindir de ella. Bueno, sí que tendría una manera de hacerlo: renunciando directamente a la pátina democrática que le permite participar en las instituciones europeas, y no creo que ese sea un precio que España pueda pagar.

Al final se van a dar cuenta de que la solución más fácil habría sido permitir un referéndum acordado aprovechando alguna de las 18 oportunidades que les ha ofrecido el Govern a lo largo de estos años.