En un reciente informe de Unicef se denuncia que el 60% de los niños del mundo entre 2 y 14 años de edad (1.000 millones) sufren castigos físicos y agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores. Otro 17% sufre métodos más violentos y severos de castigo. En cambio, cuando se pregunta a los adultos, tan solo uno de cada tres justifica el uso de castigos corporales como método correctivo. Cuanto más bajo es el nivel educativo y económico de los padres, más se justifica la disciplina violenta. Es un hábito de crianza que aún está muy arraigado en determinadas familias y padres que recibieron de pequeños el mismo trato.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lo define como «cualquier castigo que utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar aunque sea leve». La Carta Europea de Derechos Sociales insta a los Estados a proteger a la infancia contra la negligencia, la violencia y la explotación. En España, la ley 54/2007 suprimió el derecho correctivo de los padres a ejercer castigos físicos con penas de hasta un año. El Código Civil de Catalunya aún mantiene que los progenitores «pueden corregir proporcionada, razonable y moderadamente a los hijos, con pleno respeto a su dignidad». Es decir, no lo prohíbe de forma explícita y antepone el derecho correctivo de los padres a la dignidad de los niños.
ACTO VIOLENTO
Hablemos claro. Pegar a un niño es un acto violento que lo maleduca. La investigación acumulada ha demostrado que toda forma de castigo físico es perniciosa y lesiva: humilla a los niños, les refuerza un código violento y conductas extremas, debilita su autoestima y hace aumentar el riesgo de abusar de la futura pareja o los futuros hijos. Cuanto más frecuente y sistemático sea, peor aún. Hablamos de daño físico y dolor como un automatismo que utilizan ciertos cuidadores para corregir malas conductas.
Desde 1979 en que Suecia fue pionera en prohibir cualquier forma de coacción y castigo físico a la infancia, otros 40 países han seguido el mismo camino. Aunque hay excepciones notorias como EEUU, Francia o Gran Bretaña. Incluso en Rusia dan marcha atrás y han aprobado descriminalizar la violencia doméstica, dejando de ser delito pegar a un hijo, a la esposa o a los abuelos una vez al año con moratones y arañazos. Todo ello para preservar la autoridad del padre. Es decir, para reforzar el patriarcado y su jerarquía.
LA SOCIEDAD PATRIARCAL
Ganarse la autoridad en base a la violencia y el maltrato es una constante de toda cultura y sociedad que sea patriarcal. Los derechos de la infancia han avanzado a un ritmo demasiado lento y no deben retroceder. El tolerado cachete educativo no muestra sino la forma violenta en que muchos fueron educados bajo el franquismo. No obstante, algunos jueces no consideran que un cachete o unos azotes sean casos de violencia punible. Si denuncian los hijos es que viven un infierno que no puede quedar impune.