La violencia ejercida sobre los menores puede darse en múltiples circunstancias, desde el acoso escolar a la explotación laboral, desde los maltratos psicológicos a los físicos. Con mayor o menor intensidad: desde el simple cachete a la negligencia, el abandono o la paliza. Por desgracia, muchos de los casos se dan en el entorno familiar, en situaciones de riesgo y desamparo difíciles de detectar y a las que intentan poner coto diversos protocolos gubernamentales a través de canales como los centros educativos y los servicios sociales.

La violencia sobre el menor no responde a clases sociales o a culturas determinadas pero es cierto que se da con más insistencia en entornos más desfavorecidos y en circunstancias en las que la pobreza funciona como un mecanismo potenciador del maltrato. Los problemas económicos, de trabajo o de vivienda, acaban repercutiendo en los menores, sin escudos de protección. Por eso son loables iniciativas como la del Projecte Paidós, de Cáritas, que lleva años funcionando, y que plantea fórmulas para prevenir la pobreza infantil y ofrecer atención socieducativa. Y, sería también necesario redactar de nuevo –como reclama el Síndic de Greuges– el articulado del Código Civil catalán que permite a los padres «corregir» a los hijos. Aunque sea «con pleno respeto a su dignidad» y «de manera proporcionada, razonable y moderada», se trata de una rendija legal por la que puede colarse la violencia. Aunque sea de bajo tono.