Como en los años del hambre de la posguerra, parece que ha vuelto la fiebre de repartir leche a los niños, quiero decir a los niños pobres claro.
El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha destinado este curso 160.000 euros a una prueba piloto que consiste en repartir un vaso de leche diario en los centros escolares de infantil y primaria de "alta complejidad", un eufemismo para distinguir a los colegios e institutos con una alta concentración de niños y niñas en riesgo de exclusión social, y basan este proyecto en la mayor necesidad de garantizar una alimentación saludable de estos alumnos. De los 350 centros de alta complejidad censados en Catalunya, solo 88 se han acogido a la campaña.
Sin tener aún datos objetivos del resultado de la prueba piloto, para el próximo curso el 'Pla de llet' a les escoles se hará extensivo al resto de centros escolares, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Todo esto nos hace sospechar que se utilizan los centros escolares para colocar unos excedentes de leche derivados de un modelo de producción lácteo totalmente desregulado.
Nos han hecho creer el discurso neoliberal sobre la alimentación, donde parece que comer cada día es una elección libre
VULNERACIÓN DE UN DERECHO
Pareciera por esta iniciativa, que los niños con menos recursos se han puesto en huelga y han decidido no tomar suficiente leche. No parece que sea así, más bien lo que realmente subyace en estos anuncios de caridad y que debería llamarnos la atención es el reconocimiento de facto de una dramática vulneración del derecho de acceso a una alimentación sana y adecuada de miles de niños.
Si hay esta enorme cantidad de familias que no pueden comprar leche, tampoco van a poder comprar fruta, verdura, pescado, carne de calidad, etcétera. No es la leche, es la alimentación lo que falla, y con repartir cartones de leche no solo no se arregla nada, sino que se desvía el foco de la vulneración de un derecho humano a una especie de mala suerte que el sistema privado arregla.
En Catalunya hay 330.000 niños y niñas de menores de 16 años (un 27 % de población infantil) por debajo del umbral pobreza, de los que no todos disponen de beca comedor que les garantice una comida diaria. La jornada intensiva en los institutos públicos catalanes ha acabado con los comedores escolares obligando a los alumnos en riesgo de exclusión social a acudir a comedores sociales para poder asegurar una comida al día.
Podemos decir sin miedo a equivocarnos que para el Estado no existe el derecho a la alimentación en nuestro país.
SISTEMA DUAL D'ALIMENTACIÓ
Está claro que nadie se pregunta si el acceso a la sanidad o la educación son derechos que ha de garantizar el Estado, y que además deben estar regulados por ley, en cambio nos parece normal y evidente que la alimentación no debe ser protegida. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado, y los primeros los poderes públicos, a aceptar vivir inmersos en un sistema dual de alimentación, donde unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hace cada vez peor, pagando con su salud.
Nos han hecho creer a todos el discurso neoliberal sobre la alimentación, donde pareciera que comer cada día, fuera una elección libre, un tema individual, de gusto, de decisión propia, como el que compra un reloj o un teléfono, comparándolo por tanto con cualquier mercancía. La salud y la alimentación aparecen como una mera opción de vida, un estilo, vaya. Y si su hijo, por padecer pobreza no come bien, le regalamos un vaso de leche, cortesía del Departament d’Agricultura.
Nos hemos acostumbrado a vivir inmersos en un sistema dual de alimentación, donde unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hace cada vez peor
Sin embargo, sabemos que la responsabilidad fundamental de los Gobiernos, entre ellos el de la Generalitat, es garantizar una alimentación sana y nutritiva a la mayor parte de las personas, tal y como se reconoce en la carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero prioritariamente a las que tienen menos recursos, por lo tanto, trabajar en su accesibilidad, tanto desde el punto de vista del precio, como desde el punto de vista de distribución.
No tiene sentido que una política basada en el derecho a alimentación excluya a sus poblaciones más vulnerables, como la infantil, o que las condene directamente a la beneficencia a través de bancos de alimentos. Es urgente entonces, el reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación y regulación del mismo, así como el establecimiento de una política de compra pública de alimentos sanos, locales y ecológicos que priorice la escuela pública y aquellas situadas en barrios de menor renta, con el objetivo de conseguir la gratuidad y el acceso universal al comedor escolar
No se trata de repartir comida, sino de garantizar que la integralidad de la cadena alimentaria y agrícola garantice el derecho a la alimentación sana y adecuada.