Podemos decir sin miedo a equivocarnos que para el Estado no existe el derecho a la alimentación en nuestro país.
SISTEMA DUAL D'ALIMENTACIÓ
Está claro que nadie se pregunta si el acceso a la sanidad o la educación son derechos que ha de garantizar el Estado, y que además deben estar regulados por ley, en cambio nos parece normal y evidente que la alimentación no debe ser protegida. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado, y los primeros los poderes públicos, a aceptar vivir inmersos en un sistema dual de alimentación, donde unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hace cada vez peor, pagando con su salud.
Nos han hecho creer a todos el discurso neoliberal sobre la alimentación, donde pareciera que comer cada día, fuera una elección libre, un tema individual, de gusto, de decisión propia, como el que compra un reloj o un teléfono, comparándolo por tanto con cualquier mercancía. La salud y la alimentación aparecen como una mera opción de vida, un estilo, vaya. Y si su hijo, por padecer pobreza no come bien, le regalamos un vaso de leche, cortesía del Departament d’Agricultura.
Nos hemos acostumbrado a vivir inmersos en un sistema dual de alimentación, donde unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hace cada vez peor
Sin embargo, sabemos que la responsabilidad fundamental de los Gobiernos, entre ellos el de la Generalitat, es garantizar una alimentación sana y nutritiva a la mayor parte de las personas, tal y como se reconoce en la carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero prioritariamente a las que tienen menos recursos, por lo tanto, trabajar en su accesibilidad, tanto desde el punto de vista del precio, como desde el punto de vista de distribución.
No tiene sentido que una política basada en el derecho a alimentación excluya a sus poblaciones más vulnerables, como la infantil, o que las condene directamente a la beneficencia a través de bancos de alimentos. Es urgente entonces, el reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación y regulación del mismo, así como el establecimiento de una política de compra pública de alimentos sanos, locales y ecológicos que priorice la escuela pública y aquellas situadas en barrios de menor renta, con el objetivo de conseguir la gratuidad y el acceso universal al comedor escolar
No se trata de repartir comida, sino de garantizar que la integralidad de la cadena alimentaria y agrícola garantice el derecho a la alimentación sana y adecuada.