En pocos días se han conocido dos episodios preocupantes en lo que se refiere a las relaciones entre los gobiernos español y catalán en materia de seguridad. Por un lado, el Ministerio de Hacienda se niega a autorizar la convocatoria de 500 plazas de agentes de los Mossos alegando la regla de gasto que impide contratar más allá de la reposición de las vacantes. El permiso es solo para 50. Por otro lado, el conseller de Interior, Jordi Jané, ha solicitado la convocatoria de la Junta de Seguridad de Catalunya prevista en el Estatut para tratar de este asunto y de la amenaza yihadista, con un nivel de alerta de 4 sobre 5. El secretario de Seguridad rechazó la propuesta alegando falta de «confianza».

Es evidente que el actual Ejecutivo catalán no puede pretender que su flirteo con la legalidad y la desobediencia no vaya a tener consecuencias en el día a día. Pero de la misma manera, el Ministerio del Interior no puede pasar por alto las obligaciones que tiene para con los ciudadanos que viven en Catalunya. En el asunto de la seguridad, los prejuicios no pueden imponerse a los hechos. Que la Junta no se reúna desde el 2009 o que sí se pueda reunir el mismo organismo en el País Vasco alimentan las suspicacias de un boicot en toda regla. Si, como dice el secretario de Estado, Jané ha mantenido la lealtad, debe ser correspondido con la misma moneda hasta que los hechos no digan lo contrario. En caso contrario, el ministerio faltará a sus obligaciones con los ciudadanos por simple partidismo.