Las políticas de austeridad de la troika, cuando la crisis agobiaba a la economía española, provocaron la reforma exprés de la Constitución bajo el Gobierno de Zapatero y aprobada por el PP y el PSOE en agosto del 2011, que impuso un límite al déficit y a la deuda de todas las administraciónes. Una consecuencia de aquel nuevo articulado de la Carta Magna fue dos años después la llamada regla o techo de gasto prevista en la ley de estabilidad financiera. Contra el corsé del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se rebelan con el aval de su buena salud financiera algunos ayuntamientos, con Barcelona y Madrid al frente, y varias autonomías.

Este instrumento de disciplina presupuestaria impide que el gasto público supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB español. En el 2017 es del 2,1%, y en el 2018, del 2,3%. Es obvio, en primer lugar, que limita el concepto de autonomía municipal y de las comunidades. Si miramos el caso del Ayuntamiento de Barcelona, con un superávit de 97,5 millones el pasado año, se revela un contrasentido que solo puedan destinarse al capítulo de inversiones financieramente sostenibles, edificios por ejemplo, o que queden paralizados en la caja. En unos tiempos en que urgen políticas sociales, para combatir la desigualdad y potenciar la cohesión, no se debe castigar a quien manifesta eficiencia en la gestión. Y más si el propio Gobierno no cumple un techo que Montoro, un ministro que no da su brazo a torcer, impone de forma tan restrictiva.