La función pública es uno de los accesos clave al Gobierno en España, más que en otros países europeos. Cuatro de cada diez ministros desde 1977 eran funcionarios cuando accedieron al Ejecutivo, sin contar entre ellos a los militares ni profesores universitarios. La mayoría pertenecía a los grandes cuerpos de la administración pública (diplomáticos, abogados y economistas del Estado, inspectores de hacienda, registradores de la propiedad…). A su lado, el peso del sector privado en el gobierno es testimonial. 

PARTIDOS EN MANOS DE BURÓCRATAS

Este reclutamiento burocrático tiene fuertes implicaciones para la relación entre política y administración, más allá del sesgo social e ideológico que introduce. Si a menudo se discute sobre la politización de la administración, e incluso algunos hablan de administraciones colonizadas por los partidos, la realidad sugiere algo bastante distinto. Partidos en manos de burócratas. Y ello tiene mucho que ver con el sistema de reclutamiento del alto funcionariado.

En España, los servidores del Estado se organizan en cuerpos administrativos, y su estatus (y sus salarios) se identifica mediante categorías y niveles. Se accede a ellos mediante el controvertido procedimiento de oposición. En los cuerpos importantes, esta fase de selección meritocrática se completa con cursos de especialización posterior. El resultado final produce expertos cualificado en la legislación y gestión de su materia. Muchos critican que, a menudo, también moldea servidores públicos poco orientados a la flexibilidad y la visión posburocráticas que requiere la actualidad. Estamos lejos de sistemas de reclutamiento desburocratizado, como el Civil Service Fast Stream del Reino Unido, o el Senior Executive Service de EEUU. También hay matices internos: cuerpos como el de Administradores Civiles, conocidos popularmente como los TAC, se forman en una perspectiva algo más transversal. Quizá por ello son vistos con desdén por aquellos cuerpos con más abolengo del Estado.

LAS CONEXIONES POLÍTICAS

Sin embargo, una vez dentro estos trabajadores públicos de tan selecta formación encuentran una carrera profesional poco prometedora. Difícil tránsito a otros cuerpos, sin apenas promoción interna, y con sueldos a menudo muy por debajo de lo que reciben los empleados equivalentes en el sector privado. Por eso, muchos altos funcionarios acaban marchando al sector privado, llevándose consigo la inversión intelectual recibida, financiada por los ciudadanos. En otras ocasiones, el juego político que suele haber detrás del acceso a los niveles superiores incentiva que se activen las conexiones políticas. Así se se crea (y se reproduce) la geografía política en la cúpula de la administración: quiénes son cercanos a qué partido. Los partidos los buscan, los identifican, los abordan. Y cuando un relevo en el gobierno o en el ministerio lo permite, los promocionan. 

Y de esta manera, estos altos funcionarios se erigen gradualmente como los agentes de los partidos en la Administración, aunque la dependencia acaba operando en sentido opuesto. Los partidos en sus manos. Quizá no deciden los programas electorales. Ni siquiera es preciso que se afilien al partido. Pero sin duda conforman sustancialmente la acción de los partidos que llegan al poder. Felipe González dijo en una ocasión que se gobierna desde La Moncloa, y no desde Ferraz. En realidad, a menudo ni siquiera La Moncloa puede sustraerse al dominio de sus mandarines políticos.