La eutanasia sigue siendo un tema tabú, por cuanto plantea un debate crucial entre el derecho a una muerte dulce y la prevención moral que un paso tan decisivo, irreversible, genera en determinados sectores de la sociedad. Aun así, los últimos datos que se conocen sobre su hipotética aceptación indican que tres de cada cuatro españoles estarían de acuerdo en su regulación. En España es un delito practicar la eutanasia o el suicidio asistido, y más allá de leyes autonómicas que prevén el rechazo a los tratamientos que se ensañan con el enfermo solo existe la ley de autonomía del paciente, que habla de autonomía y dignidad pero sin ir más allá. Para revertir la situación, Unidos Podemos ha presentado una proposición de ley para despenalizar la eutanasia en unos términos garantistas al máximo y estrictos con el protocolo. Se trata de facilitar con actos necesarios la muerte de otra persona, por petición expresa, seria e inequívoca, en caso de enfermedad terminal o sufrimiento intolerable. Debe valorarse esta iniciativa –como la de Ciudadanos y el PSOE en proyectos sobre la muerte digna y la universalización de los cuidados paliativos– como un paso adelante hacia una responsabilidad que la Administración debe contemplar, sin olvidar el ejercicio de la objeción de conciencia, que debería también regularse. La extrema delicadeza del asunto requiere un debate amplio e intenso, sin cortapisas morales y con la convicción de implantar el derecho a la eutanasia o al suicidio asistido como un deber humanitario.