Nadie discute ya que la omnipresencia del turismo es –desempleo aparte– el principal problema que tiene planteado Barcelona. Porque las plazas dedicadas a la pernoctación de los viajeros reducen y encarecen el parque de viviendas al que puede acceder la población local y por las molestias que, más veces de las que debería, causa a los vecinos la cara incívica del turismo. Ayer, el ayuntamiento dio un primer paso, necesario pero no suficiente, para empezar a poner orden y evitar que un modelo nacido hace más de dos décadas muera de éxito: el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos, el PEUAT, salió adelante en la comisión  municipal de ecología y urbanismo, y previsiblemente será aprobado en el pleno. De esta forma, Sant Antoni, el Poblenou, la Vila Olímpica, Hostafrancs, Ciutat Vella, el Eixample y el Poble Sec, entre otras zonas, se unen a Gràcia en la contención de alojamientos turísticos, al tiempo que se duplica la plantilla de inspectores para detectar y controlar los ilegales. Aparte del contenido, la importancia del plan del equipo de gobierno (Barcelona en Comú y el PSC) es que ha contado finalmente con el apoyo de ERC, lo que supone una novedad que sienta un precedente cara a fortalecer políticamente la gestión municipal. Como era de prever, el  PEUAT no satisface a todo el mundo –el PP y algunos movimientos vecinales lo critican, desde perspectivas opuestas–, pero debe ser una herramienta indispensable para que Barcelona siga siendo reconocible.