Resulta que uno de cada dos catalanes considera que este país tiene derecho a un referéndum sobre la independencia y que está a favor de que se lleve a cabo incluso si no se acuerda con el Gobierno central. Y hay, por lo menos y si añadimos los que lo quieren acordado y con garantías explícitas, ocho de cada diez que consideran que el referéndum resulta necesario. Son cifras de la encuesta del PERIODICO que nos informan de una realidad incuestionable: la ley es el argumento capital de una democracia que tenga en cuenta los deseos de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, estos deseos -expresados en unas urnas- deben poder voltear las leyes que no responden a las exigencias de la sociedad.

UNA DEMANDA CONSOLIDADA

Hablamos de cifras muy contundentes que deberían invalidar cualquier tentación de transportar el debate a las salas de un tribunal, porque el asunto -en términos de estricto análisis político- rebasa hipotéticos cantos de sirena y se convierte en un problema de primera magnitud. Solo el empeño o la ceguera compulsiva de unos gobernantes pueden soslayar una demanda tan consolidada.

Es por ello que el diálogo -si realmente se quiere llamar así- debe sopesar el peso de una balanza cuyo fiel se decanta hacia un procedimiento democrático que pare la oreja a lo que la ciudadanía quiere. ¿Qué querrá? No lo sé, y quizá, en el fondo, eso es lo de menos. La justicia se ejerce en virtud de una voluntad popular que no se puede despreciar.