Este verano la política catalana ha vivido un momento de pausa mientras asistíamos al espectáculo del bloqueo político en Madrid. Puede haber sido una pausa necesaria para ajustar piezas y acumular fuerzas ante un curso que se prevé aún más intenso que los anteriores. La celebración de la Diada volverá a marcar el disparo de salida, pero la fiscala general del Estado ya se ha adelantado y ha empezado el año judicial amenazando a los políticos catalanes con tribunales penales ante la mirada abstraída y circunspecta del Rey. ¿Demasiadas molestias por un suflé, no?

Estas semanas han ganado terreno dos convicciones entre la mayoría parlamentaria independentista: que la cuestión de confianza y la tramitación de los presupuestos son las dos caras de la misma moneda, y que tras el 9-N y el 27-S quizá hace falta un referéndum sobre la independencia formalmente inequívoco para culminar el proceso. Si estas dos piezas encajan, la iniciativa en la partida de ajedrez entre el soberanismo y los poderes de Estado corresponderá al Govern de la Generalitat. El Estado está condenado a movimientos puramente reactivos, y ni arengas patrióticas, ni abusos de poder ni persecución judicial mejorarán un milímetro su posición en el tablero. Abandonada toda perspectiva de tratar políticamente un conflicto estrictamente político, las élites políticas, judiciales y mediáticas solo parecen confiar en un deseo disfrazado de cálculo racional: «¡No se atreverán!». Desde su perspectiva, lo mínimo sería combinar la amenaza con una oferta de pacto más o menos creíble. Palo y zanahoria. Pero ni eso.

En fin, algo ya sabemos. Pase lo que pase este otoño, Rajoy pasará a la historia como uno de los jefes de Gobierno españoles más lamentables desde la Primera República. Y la competencia es dura, muy dura.