No pocas elecciones se han acabado decidiendo por un puñado de votos en España. Hace menos de dos meses, el considerado (por sus impulsores) plebiscito catalán quedó a poco más de dos puntos del 50% de los sufragios emitidos. Y las encuestas ante las elecciones legislativas del 20 de diciembre apuntan una igualdad en la que un número reducido de votos puede acabar decantando hacia un partido escaños determinantes para la formación de mayorías de uno u otro signo en el Congreso. Una situación que recuerda la evidencia de que el voto de cada elector es decisivo por igual, principio elemental de la democracia que, sin embargo, se rompe cuando una parte significativa de los ciudadanos no pueden votar. Y esta es la perspectiva a la que se enfrentan casi dos millones de españoles el 20-D.

Los testimonios que publica hoy EL PERIÓDICO de ciudadanos residentes en el extranjero que no han podido ejercer el derecho de voto en convocatorias electorales recientes son sonrojantes, porque reflejan situaciones absolutamente impropias de una sociedad moderna y avanzada. Lo más asombroso es que estas enormes dificultades para votar derivan de una ley aprobada hace solo cuatro años con el concurso de PP, PSOE, CiU y PNV con el loable propósito de evitar fraudes en los sufragios por correo desde el extranjero, que se daban fundamentalmente porque al no haberse depurado el censo 'votaban' personas ya fallecidas. Pero, como se está viendo, el remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. La fórmula actual de voto rogado -comunicar a la Administración que se quiere votar, recibir la documentación electoral y votar- es impracticable si la Administración incumple los plazos y no envía a tiempo las papeletas a los electores, que es lo que está sucediendo. Y si además las embajadas y los consulados españoles no ayudan a hacer fluido el proceso, el resultado es catastrófico: apenas el 4% de los residentes en el exterior han votado en las elecciones de este año.

Nada permite suponer que este escuálido dígito vaya a aumentar el 20-D. Pero es indispansable que el nuevo Congreso enmiende sin demora el error y elabore una ley que garantice por igual la pulcritud del voto emitido en el exterior y el ejercicio de un derecho fundamental de unos españoles que no por vivir fuera son ciudadanos de segunda.