La ayuda que España proporcionará a la diáspora siria que llega a Europa entre mil penalidades sigue sin concretarse. La política de asilo es un asunto del Estado, que además debe coordinarse con los otros países de la Unión Europea, pero hasta ahora el Gobierno no ha ido mucho más allá de declaraciones genéricas de buenas intenciones. Lo único que se sabe es que España deberá acoger unos 15.000 de los 120.000 refugiados a los que Europa se ha comprometido a dar asilo. Ahora de nuevo ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la que ha marcado el camino: si a principios de mes lanzó la iniciativa de la creación de una red española de ciudades-refugio, ayer anunció que dentro de un mes, a principios de noviembre, llegarán a Catalunya los primeros 1.200 refugiados, la mitad de los cuales se asentarán en Barcelona. El ayuntamiento ha tenido conocimiento de este dato por vías no oficiales, pero saberlo le permite ir perfilando el dispositivo de acogida, al que prevé dedicar 10 millones de euros, complementarios de los 6.000 euros por refugiado y año que España recibirá de la UE. Pese a los ofrecimientos de muchos ciudadanos, se descarta el alojamiento de refugiados en viviendas particulares, pero la actitud de los barceloneses y los catalanes hacia los exiliados sirios, eritreos y afganos será sin duda proactiva, como lo está siendo la del ayuntamiento. La necesaria coordinación entre instituciones debe estar a la altura de la solidaridad ciudadana con quienes huyen del azote de la guerra.
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Barcelona se prepara para acoger refugiados
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