De tan repetido, el fenómeno ya no engaña a nadie. Cada vez que, como ocurre ahora, se acerca una llamada a las urnas, el Gobierno de turno -en este caso, del PP- impulsa una serie de medidas económicas que benefician a corto plazo a amplios colectivos de los que espera obtener a cambio generosos réditos electorales. Es en ese sentido como debe interpretarse la aprobación, ayer en el Consejo de Ministros, de la solicitud de un crédito de 252 millones para devolver el 26,2% de la paga extra suspendida en el 2012 a los empleados públicos de la Administración General del Estado. La petición se hace con carácter de urgencia para que la cantidad pendiente pueda ser abonada «en las próximas semanas y en la primera nómina que pueda redactarse». Se entiende que antes de las elecciones de diciembre.

En su intento de maquillar el evidente guiño electoral, la vicepresidenta del Gobierno argumenta que la medida se puede adoptar porque la evolución del déficit del Estado ha sido muy positiva. Evita referirse, sin embargo, a la cada vez más profunda crisis de la caja de la Seguridad Social.

La oportuna decisión gubernamental constituye, por otro lado, un desafío para los partidos de la oposición que gestionan comunidades y ayuntamientos y que deberán decidir si aplican la iniciativa del Gobierno, con el consiguiente desgaste electoral en caso de no hacerlo. Catalunya ya ha dicho que no lo hará. ¿Guarda más sorpresas el Gobierno en su chistera electoral?