Tras cuatro años de estar atentos al parte informativo del Gobierno español, un adelanto -a veces sesgado- de lo que va a publicar el BOE, con su aplicada portavoz Sáenz de Santamaría como locutora, los medios advirtieron ayer un desparpajo inhabitual en la vicepresidenta de Rajoy. Estaba dicharachera y campechana con los periodistas. Algo tramaba esta abogada del Estado, que con el registrador Rajoy y otros siete ministros son funcionarios de carrera (solo cinco ministros no lo son).

Y claro que sí, la portavoz del BOE anunciaba, alborozada, una filigrana administrativa por la que los funcionarios del Estado (ojo, los auténticos del Estado, nada de locales y autonómicos) recuperaran una parte de una paga extra que les quitaron sin contemplaciones cuando la mayoría absoluta del 2011. El Gobierno de coalición de cuerpos del Estado tiene todo el poder y legitimidad para hacerlo. Otra cosa es cómo lo justifica. Apelar a la mejora del déficit público es impúdico pero revelador, suena a que lo que sobra es para quien lo recauda. Queda, además, la antológica alusión de la Vice a la restitución del derecho de los funcionarios a acumular libranzas cuanto más tiempo están de servicio, o sea, acumulando canas. Así se entiende mejor la aspiración de Rajoy.