En su acelerada salida del Ministerio de Educación, el exministro José Ignacio Wert dejó en el aire numerosos proyectos sobre el acceso a la enseñanza universitaria que ahora duermen en algún cajón ministerial. Uno de ellos es la reforma del actual sistema de financiación, que está dando resultados preocupantes y que ha disparado las alarmas en los equipos rectorales de los centros universitarios ante el creciente descenso del número de alumnos matriculados. Razones demográficas, la implantación del plan Bolonia y la subida de las tasas que deben pagar los alumnos -en Catalunya, las más altas de España- han originado una caída de las matrículas: las universidades catalanas han perdido en los últimos cinco años una media del 4,6% de estudiantes.

Resulta lógica, pues, la preocupación de los rectores de los centros que se financian con el ingreso directo de la matrícula y que reciben unas subvenciones de la Generalitat cuyo volumen está relacionado con el número de créditos matriculados. La implantación de la estructura de estudios de tres años de grado y dos de máster aún puede empeorar la situación de unos centros cada vez en peor situación para competir por mayores grados de excelencia académica. Urge una revisión a fondo del sistema de aportaciones públicas, que, tal como está diseñando la Generalitat, pase por criterios que tengan en cuenta la eficiencia del centro y la tipología de los estudios. Premiar la calidad de la oferta más que la simple cantidad de matrículas.