El Ayuntamiento de Barcelona ha pisado el acelerador a fondo en la prometida regulación de los clubs cannábicos de la ciudad. El compromiso de Xavier Trias de tener a punto la normativa antes de las elecciones del día 24 se manifestará en el restrictivo plan urbanístico que se presentará mañana. En este sentido, contempla como exigencia primordial que estos locales de autoconsumo de marihuana, en algunos casos con finalidades terapéuticas, se hallen a más de 150 metros de un equipamiento o espacio público con presencia habitual de menores. El arco es tan amplio que va desde un colegio, a una piscina, una biblioteca o la consulta de un pediatra. Es una respuesta tajante al vacío legal en el que han vivido estos locales, cuyo auge propició que Barcelona entrara en el mapa mundial del cannabis como destino turístico en la lista que lidera Amsterdam. Por no hablar de la constatación de que algunos eran aprovechados como puntos de distribución de droga por traficantes.

El plan prevé un periodo de aplicación de 18 meses, momento en que deberán cerrar los clubs que no cumplan un criterio avalado por la idea de proteger a la infancia. Las cuentas del propio ayuntamiento estiman que de los 123 actuales se podría pasar a poco más de 20. Es una proyección optimista ante el más que evidente litigio jurídico que plantearán las asociaciones cannábicas y parte de la oposición. La negociación, lógicamente, no parece cerrada, pero sí la permisividad que desnaturalizó el fenómeno.