El Gobierno se ha topado de una vez con la realidad, acuciado cómo no por las elecciones del próximo mayo. Una buena parte de las autonomías y los ayuntamientos -muchos del PP- se encuentran en situación de asfixia financiera, incapaces de hacer frente al pago de unos servicios ya recortados y de asumir sus compromisos financieros. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Proveedores han servido para paliar graves desfases de tesorería de las autonomías, pero solo han aplazado el problema. Con un sistema de financiación al que le estallan las costuras, caducado y sin perspectivas de renegociación, Rajoy ha dado luz verde a una serie de medidas para insuflar algo de oxígeno. De Guindos anunció el lunes en el Senado ayuda para refinanciar la deuda autonómica con los bancos, y ayer Hacienda señaló que la deuda con el Estado, la pasada y la futura, tendrá interés cero mientras no haya nuevo sistema de financiación autonómica. Las autonomías deben al Estado por el FLA y el Fondo de Proveedores unos 85.000 millones, de los que 30.400 son de Catalunya. Habrá que ver ahora, como recordaba ayer el conseller Mas-Colell, cuál es el precio de la medida y si es a costa de otra vuelta de tuerca a la recentralización. Asfixiar a las comunidades y ayuntamientos forzándolos a asumir la parte del león de los recortes y del déficit que fija Bruselas para todas las administraciones y luego abrir la mano con préstamos -hasta ahora con interés- no parece la mejor forma de lealtad institucional.
Oxígeno después de la asfixia
Rajoy ha dado luz verde a una serie de medidas para insuflar algo de oxígeno a las tesorerías de las autonomías
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