Más de una semana después del 9-N, la presentación o no una querella contra Artur Mas sigue causando una grave división en el seno de la fiscalía. En una actitud sin precedentes, los miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya han desoído al fiscal general del Estado y no han vehiculado la demanda que quiere Eduardo Torres-Dulce porque no ven motivos penalmente punibles en la actitud del president de la Generalitat. Se trata de fiscales del Estado que viven directamente la realidad catalana, por lo que su prudente punto de vista -unido a su conocimiento de la ley- debería bastar. Que Torres-Dulce, contra lo que dijo inicialmente, proponga mantener la querella y busque la ratificación de la misma por la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo empeora el caso. Porque es innegable que Mas incumplió la prohibición del Tribunal Constitucional de que la Generalitat se implicase en el sucedáneo de consulta soberanista, pero insistir en la vía judicial una vez consumado sin incidentes el 9-N solo es síntoma de incapacidad política para afrontar el contencioso catalán. El presidente del Gobierno, que visitará Barcelona el 29 de noviembre para explicar lo que ha hecho y piensa hacer en Catalunya, ha de mover ficha, lanzar iniciativas de diálogo político por mucha presión que tenga en su partido. Porque de nada servirá acortar la distancia geográfica si no se abre a gente que no piensa igual que él, si no se arriesga, y sobre todo, si mantiene enarbolada la ley como amenaza.
Editoriales
Conflicto entre fiscales por el 9-N
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