Nada descubre el Gobierno central cuando dice que el plan b de Artur Mas para el 9-N tiene muy escasas garantías democráticas; ya lo apuntó el propio presidente de la comisión de control, Jordi Matas . Otra cuestión es que ello aconseje al Ejecutivo a emprender iniciativas legales de calado como las que adoptó urgentísimamente, a través del Tribunal Constitucional, contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria firmado por Artur Mas el 27 de septiembre. Porque el propio president y los partidos del bloque soberanista han admitido que lo que está previsto el 9-N solo tendrá validez demoscópica, y en ningún caso jurídica. Antes de usar munición legal de grueso calibre, el Ejecutivo debería calibrar si los efectos políticos perniciosos que ello acarrearía se compadecen con los derechos que pretende proteger. Es cierto que, pese a su intrascendencia, el simulacro de votación puede violentar la libertad de algunos ciudadanos catalanes, como los directores de instituto, que deberán decidir si abren de motu propio para la ceremonia las instalaciones de las que son responsables. Pero no debe olvidarse que ha sido el Gobierno central quien -con la legalidad en la mano- ha impedido la celebración de una consulta homologable. Mariano Rajoy debe actuar con la máxima cautela, salvo que quiera regalar al independentismo la imagen que más desea: la del uso de la fuerza contra el desarrollo de un sucedáneo de votación que es poco más que un desahogo sin efectos prácticos.
Editorial
El Gobierno, ante el plan b de Mas
Rajoy debe actuar con cautela si no quiere regalar al independentismo la imagen que más desea: el uso de la fuerza contra un sucedáneo de votación
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