En nuestro país es habitual que el paso por la política signifique un desprestigio profesional. Esta calamidad reduce las posibilidades de que la gente más capacitada ponga en riesgo su situación personal para embarcarse en el servicio público. Además, en demasiados casos, los libros de memorias posteriores al cargo son meros apuntes para hacer caja o ajustes de cuentas sin capacidad de análisis ni esfuerzo por allanar el camino de los sucesores. Por eso me sorprendió, de manera agradable, leer el libro que un juez del Tribunal Supremo estadounidense, John Paul Stevens, ha publicado después de ocupar la plaza durante 35 años. Es un ejemplo de fidelidad a su oficio y, cumplidos los 94 años, se lanza a un análisis no tanto de lo que le tocó hacer sino de lo que considera que son reformas necesarias. Para entender un suceso tan extraordinario es bueno saber que en el Tribunal Supremo de aquel país los nombramientos son a propuesta de los partidos, pero se someten al escrutinio de los representantes electorales para el cargo vitalicio. En el caso de Stevens se cumple el dicho de que una vez nombrado pierden la ideología, pues, aunque fue propuesto por los republicanos, para muchos ciudadanos fue ejemplo de ecuanimidad y, aunque conservador, nunca fue predecible, algo que el libro ejemplifica de manera evidente.
Sus seis reformas propuestas, al final del camino de la vida, hablan mucho de la estabilidad constitucional norteamericana. La dificultad para variar la ley suprema evita el capricho y las corrientes de opinión superficiales, y tiene su mejor muestra en que solo se han incluido 27 enmiendas constitucionales en más de dos siglos. La primera propuesta de Stevens se refiere al control de armas y, tras analizar en profundidad el texto de la Constitución, sostiene que permitiría acotar la venta y posesión, pese a lo que insisten en negar los traficantes de armas domésticas. También considera limitable el gasto en campañas electorales, sin por eso perjudicar la libertad de los partidos. Se detiene en la pena de muerte para determinar que habría de prohibirse aunque solo fuera porque se ha confirmado que en un 4% de los casos se ha ejecutado a personas equivocadas. Hay otras dos reformas propuestas que limitan los excesos parlamentarios y sus trampas, que han conducido al reciente caso del bloqueo financiero de la administración. Y la última propone aumentar los derechos de quienes pleitean contra el Estado, bien interesante en tiempos de inmunidades personales, ya que en Estados Unidos se protege a la Administración de las querellas de particulares.
La idea de servicio público es muy entendible a través de la labor intelectual de un juez, que no termina con su jubilación. Las aportaciones constantes para mejorar el sistema democrático son un síntoma de la identificación de las personas con la labor que han desempeñado en la administración. Cuando nos preguntamos sobre el desafecto español por el sistema, hablamos también de esa incapacidad para prestigiar la política desde dentro, cuando se ejerce el cargo, pero también cuando se abandona y en lugar de optar por consejos de administración cómodos y depredadores, prosigues en una colaboración creativa y nutritiva para el país.