Pese a la invitación del Tribunal Constitucional -nombrado a medias entre el PP y el PSOE- invitando a resolver el asunto de la consulta catalana por la vía política, el pasado 8 de abril Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba no movieron un dedo en ese sentido. Sí oímos, claro, las apelaciones socialistas a reformar la Constitución, un escenario en que Catalunya quedaría totalmente a merced de los deseos de los dos grandes partidos españoles.
En el debate en el Congreso quedó claro, además del rechazo a la consulta, que ni PP ni PSOE -con formas retóricamente más amables- admiten el carácter nacional de Catalunya. La idea es que, en el fondo, en la realidad real, por decirlo así, los catalanes son ciudadanos españoles que viven en un lugar determinado del territorio español. Por consiguiente, tanto derecho a decidir sobre el futuro de Catalunya tiene un señor de Manlleu o Badalona como uno de Toledo o Cáceres. «Cada catalán, como cada gallego o cada andaluz, es copropietario de toda España, que es un bien indiviso. Ningún español es propietario de la provincia que ocupa, como ningún vecino es propietario de las calles por las que transita. La autonomía no supone transferencia de la soberanía», resumió gráficamente el presidente del Gobierno.
Los catalanes, nos dicen, somos ciudadanos españoles que habitamos en Catalunya, y no tenemos más derecho a determinar el futuro de Catalunya que cualquier otro ciudadano español. Los catalanes no podrían autodeterminarse ni que lo quisieran el 100% de catalanes. Y no solo eso. Según el PP y el PSOE, tampoco debe permitirse que se les consulte sobre si les gustaría que Catalunya fuera independiente. Lo dejaron muy claro tanto Rajoy como Rubalcaba. ¿Para qué van a opinar sobre la independencia si no pueden decidir ser independientes?
La conclusión, para ellos, es sencilla: los catalanes que no opinen. No a la consulta. El Constitucional ya tiene pues la respuesta a su invitación a la política. PP y PSOE van a seguir trabajando unidos para impedirla. La votación se cerró con una holgado no a la consulta. Y con dos legitimidades enfrentadas, la del Congreso y la del Parlament -donde una amplia mayoría está por la consulta-, y, por consiguiente, con un grave problema político abierto.
Rajoy albergaba la esperanza de que con la consulta sucediera como con el llamado plan Ibarretxe. Entonces (hace nueve años) el lehendakari compareció también ante el Congreso. Allí lo trataron con gran agresividad y notable desconsideración. Tras aquel rotundo portazo, Ibarretxe quedó muy debilitado políticamente y el plan que lleva su nombre, enterrado. Pero eso no va a resultar tan fácil en el caso que nos ocupa.