Se hará, pase lo que pase

Este artículo fue publicado originalmente el 28 de diciembre de 2013. Con motivo del fallecimiento del arquitecto y urbanista Oriol Bohigas ha sido republicado el 1 de diciembre de 2021 La discusión en torno a la consulta sobre el grado de soberanía de Catalunya ha vuelto a reavivar algunos episodios bastante importantes para entorpecer el itinerario del proceso. Por ejemplo, el compromiso de que se haga siguiendo no solo un principio de legitimidad democrática, sino adecuándolo a la legalidad vigente. Esto fue interpretado como el deseo de dar prioridad a las formas democráticas del diálogo, en vez de insistir en rupturas, agresiones y, por supuesto, confrontaciones salvajes. Pero, haciendo una interpretación demasiado literal, este propósito se ha convertido en un obstáculo que ahora se hace difícil de superar porque el Estado español -y el Gobierno que ahora lo manda- no acepta discutir una propuesta unilateral de secesión porque sus consecuencias afectan tanto a los que salen como los que se quedan. Solo cabe argumentar que la soberanía recae en todos los españoles, y no solo en los catalanes a la hora de decidir una fragmentación y una reducción del territorio. Un discurso fácil de utilizar demagógicamente cuando se olvida que el objetivo de la consulta es conocer democráticamente las opiniones de la mayoría de los catalanes. Ahora, pues, la aceptación del procedimiento es difícil. Es necesario, por tanto, superar este obstáculo y por eso solo hay un camino: aceptar que un proceso de soberanía en algún momento tiene que ejercer el derecho democrático de dinamizar un movimiento popular contra los errores cometidos en las vigencias legales. Cuando los ciudadanos se dan cuenta de que las relaciones de Catalunya con el Estado funcionan mal desde hace años y que no se pueden mejorar a pesar de tantas ofertas presentadas por Catalunya, es legítimo forzar la adopción de otro sistema -esencialmente democrático pese a que inicialmente se haya impuesto con métodos revolucionarios- de acuerdo con una nueva ola de opiniones populares que supera los programas de oportunidad electoral. Hay que suprimir en el concepto «revolución» los programas de estricta violencia física y mental, es decir, la guerra y las batallas banales, los asesinatos, las injusticias. La revolución se puede hacer, se debe hacer, sin armas pero con la fuerza revolucionaria de las firmes decisiones rupturistas. No podemos pensar en un cambio de sistema territorial y político sin la base de una imposición revolucionaria pacífica pero contundente. Puede que los catalanes hayamos perdido tantas guerras porque en el momento de ofrecer el definitivo sacrificio aplicando las decisiones radicales del diálogo, nos lo pensamos demasiado y queremos más medidas transaccionales. Puede que la promesa de trazar el proceso de soberanía en la estricta legalidad institucional fue una chispa de esa poca disposición histórica de los catalanes al riesgo inmediato. O quizá solo ha sido un truco táctico para alargar el diálogo hasta alcanzar unas buenas condiciones para la batalla revolucionaria. Pero -¡cuidado!-, hay que saber que el enfrentamiento -aunque sea sin violencia- es un episodio necesario en cualquier cambio. No creo que los promotores hayan sido unos ingenuos prometiendo que el proceso de soberanía se hará en la legalidad del sistema actual. Porque lo primero que se pide es la destrucción de este sistema. Sin este cambio no podemos seguir. Y solo quedará como un barniz electoralista que permitirá resolver aspectos puntuales pero nunca la totalidad. Sin esta ruptura global de la legalidad y del método quedarían sin respuesta los reivindicadores del gran cambio. ¿Qué diremos a los núcleos republicanos resistentes, los que velan por un bienestar equitativo, los que priorizan la enseñanza y la cultura a las tendencias solo economicistas, los que proponen una superación cuantificada y cualificada del capitalismo y los desenfrenos del mercado, los que luchan por una nueva igualdad? En el camino hacia la soberanía debemos ir acompañados de un cambio radical de los sistemas que nos unen y eso pasa por mantener la firmeza de los principios revolucionarios en el campo de la dialéctica, la tolerancia y la generosidad, sin perder, sin embargo, la capacidad de radicalizar las decisiones. Digo todo esto porque estos días, tras el anuncio de la fecha y la pregunta, se ha producido uno de los gestos de firmeza, digamos revolucionaria, más eficaces: cuando los partidos que pilotan el proceso han contestado al Gobierno de Madrid que lo declaraba imposible y indialogable. Decía que la consulta no se haría y que era imposible y condenable. Los partidos catalanes han contestado diciendo que se haría, pasara lo que pasara, con autorización o sin ella. Este es el tono.

Se hará, pase lo que pase

No podemos pensar en un cambio del sistema territorial sin la base de una imposición revolucionaria

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