¿Tienen sentido las administraciones supramunicipales en un Estado fuertemente descentralizado? Yo creo que no. El Estado español es uno de los más descentralizados de Europa en cuanto a la Administración pública y a los servicios, independientemente de que queramos y podamos avanzar mucho más en descentralización política. En cambio, la Administración local dispone de dos niveles de cooperación obligatoria dotados -al mismo tiempo- de estructura política: las diputaciones y los consejos comarcales. Y sobre el papel (en las leyes) hay un tercer nivel: las veguerías, si bien es cierto que -también sobre el papel- estas suponen la eliminación de las diputaciones.
INTENTAREMOS llegar a la conclusión mencionada al inicio con razonamientos políticos y también de eficiencia y eficacia administrativas. En cuanto a la política, la tendencia actual de avance en la calidad democrática debe materializarse en maximizar la elección directa de los cargos políticos y reducir las administraciones de segundo grado (las de elección indirecta). La calidad democrática hoy se medirá -entre otros indicadores- por la reforma del Estado y la Administración: habrá que superar el paradigma «modernización de la Administración» (vigente desde finales del siglo XX) y volver a la «reforma del Estado y de la Administración», conceptos que se utilizaban en la transición.
El ciclo pendular reforma-modernización debe volver a la posición de reforma. Así nos lo exige la sociedad actual. Otros indicadores de calidad democrática serán los niveles que lograremos alcanzar en las leyes de transparencia y en la legislación electoral. Serán el termómetro del acercamiento de la política al ciudadano y medirán los niveles de control y participación en los asuntos públicos.
Pero volvamos a la reforma del Estado y, específicamente, de la Administración local. Las medidas anunciadas hasta ahora por los gobiernos del Estado y autónomo son regresivas y conservadoras, respectivamente, pero en ningún caso reformistas. Desde el Estado se intenta eliminar el concepto de gobierno y competencias municipales. Desde la Generalitat se vela por las competencias autonómicas sobre la legislación y la gobernanza local sin entrar en la necesaria reforma y avance del mundo local.
Hoy no se pueden mantener estructuras administrativas como las diputaciones (o veguerías) y los consejos comarcales para aportar un valor muy reducido al territorio y a la ciudadanía, cargándolos de estructuras pesadas gobernadas desde elecciones de segundo orden y, por tanto, con un control débil e indirecto por parte de los ciudadanos.
Vamos ahora al mundo cuantitativo: por cada 100 euros gestionados desde la Administración local, el ayuntamiento gestiona 82, la diputación 13 y el consejo comarcal 5. Además, una parte significativa de estos recursos se gastan en la gestión de los mismos; es decir, en la estructura de las entidades. Es entonces cuando tiene total sentido plantearse si hay que mantener estructuras administrativas pesadas como diputaciones o consejos comarcales para prestar servicios adicionales al ciudadano con valores añadidos inferiores a este 13% y 5%, respectivamente. O al contrario: es mejor reforzar los ayuntamientos haciendo que el conjunto de los servicios locales los presten solo los municipios, directamente o mediante mancomunidades voluntarias de servicios públicos cuando la eficacia y la eficiencia del servicio lo requiera.
EN TIEMPOS de recortes, es decir, de reducción de servicios, es preferible basar la estrategia reformista en mantener servicios y adelgazar estructuras que disminuir servicios manteniendo las mismas estructuras e instituciones. No reformaremos la Administración haciendo nuevos procedimientos y procesos: esto es modernizar, no reformar. Una sociedad en profundo cambio como la actual requiere cambios y reformas del Estado de acuerdo con las nuevas aspiraciones y necesidades de los ciudadanos.
Tampoco podemos caer en centrar las reformas solamente en la Administración local, sino que hay que pensar en el Estado y la Generalitat. En el Estado hay que reducir o eliminar todos aquellos ministerios y organismos con competencias transferidas. Y por lo que respecta a la Generalitat, copió casi miméticamente la estructura del Estado.
Hay que abordar seriamente la reforma de la Administración, así como las aportaciones legislativas que garanticen el marco democrático de participación y control: las leyes electorales y de transparencia. La sociedad actual nos lo exige.