Las informaciones sobre fugas en oleoductos suelen situarse en Nigeria, Yemen, México o Egipto. La mayoría de las veces, a causa de un sabotaje terrorista o por robos de hidrocarburos. Estos últimos, practicados de forma chapucera por unos paupérrimos habitantes que no se benefician del río de oro que atraviesa sus tierras o perpetrados a gran escala por mafias. En ambos casos, además de enormes pérdidas para las compañías petroleras comportan una grave amenaza para la vida. Tanto de las personas que se exponen a la extracción ilícita de material inflamable como del medio natural por los graves vertidos que pueden ocasionar.

Ahora podemos añadir un nuevo punto en el mapa de ataques a oleoductos: El Rourell (Alt Camp). Los autores del robo perforaron el conducto de acero y provocaron un vertido que estuvo a punto de causar una catástrofe ecológica en el río Francolí. Que posiblemente los ladrones se equivocaran de oleoducto y escogieran el de queroseno -de difícil comercialización ilegal- es tan solo una anécdota, pero quizá no lo sea el incidente en sí. A medida que aumenta la tasa de pobreza del país, también se incrementa el número de personas dispuestas a hacer lo que sea para ganar algún dinero y también las que están dispuestas a comprar combustible ilegal si así pueden pagarlo. Desgraciadamente, existen las condiciones para que se reproduzca el desastre. A dos metros bajo tierra, emerge una nueva inquietud.