Tras un trimestre de mensajes para preparar a los ciudadanos ante lo que se presenta como inevitable, en pocos días los usuarios de la sanidad pública

-es decir, la inmensa mayoría de la población- empezarán a notar los efectos del muy notable recorte del 10% del gasto en la red hospitalaria catalana. La adecuada financiación de la sanidad es un problema crónico de la Generalitat que la crisis económica ha agudizado, y el equipo de Boi Ruiz se dispone a aplicar una cirugía de hierro. Y dado que el 60% del presupuesto se dedica a los salarios del personal, el corolario es inexorable: habrá menos profesionales para la misma población.

¿En qué medida esta merma afectará directamente a la salud de los ciudadanos? Según el conseller de Salut, casi únicamente en la ampliación del tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes. Con ser eso importante -porque el plazo límite está garantizado por decreto-, lo es más lo que se anuncia: más cierres de camas hospitalarias en verano, centralización de pruebas diagnósticas en menos hospitales que ahora y presión sobre la medicina primaria para que sea más selectiva a la hora de derivar pacientes a los grandes centros, entre otras medidas. Unas iniciativas que rozan la médula espinal del sistema sanitario catalán y causan lógica inquietud en la población. Aun admitiendo la necesidad de aplicar el bisturí, el aroma liberal de estas iniciativas del Govern contrasta con el ideario que inspiró a Jordi Pujol para articular la red hospitalaria pública que hoy sus herederos parecen prestos a desnaturalizar.