El 'caso Palau' no es solo un desfalco

Los técnicos de la Agencia Tributaria han atado los cabos y las evidencias que aportaba la documentación incautada el año pasado al Consorcio del Palau de la Música para llegar a la conclusión de que la institución recibía cantidades de Ferrovial en contraprestación por la concesión de obras públicas que le adjudicaba la Generalitat, y que ese dinero no solo fue a parar a las cuentas bancarias de Millet y Montull.

El informe entregado al juez que instruye el caso detalla, además, la vinculación entre las aportaciones de Ferrovial al Palau y los reintegros que este hacía de forma casi inmediata para pagos concretos. Esas cantidades se entregaban inicialmente en un solo pago, pero, a medida que el volumen aumentaba, los intermediarios cambiaron el sistema para fraccionarlo en unos casos y desviar parte de su importe, en otros, por medio de facturas sobre trabajos realizados al Palau. La institución ni siquiera era la destinataria, sino que esos servicios se realizaban para terceros y el Palau se limitaba a pagar. Por esa razón, según la Agencia Tributaria, aunque la apropiación indebida hay que atribuirla a los imputados, de lo defraudado se debe restar lo que corresponde al pago de facturas, «ya que los beneficiarios de esas cantidades eran otros».

De esta forma, la investigación sobre el saqueo del Palau entra en una nueva fase y se confirma el vuelco que las informaciones de este diario presagiaban. Ya no se trata solo del desfalco de los directivos de la institución y su entorno, sino de la presunta financiación irregular de un partido. Los técnicos de Hacienda no recuerdan que CiU gobernaba la Generalitat durante el tiempo en que se produjeron las irregularidades –algo innecesario, por otra parte–pero sí detallan las grandes obras que el Govern adjudicó a Ferrovial en ese periodo, e incluso las gestiones de Millet para que se aceleraran las concesiones y sus llamadas a la constructora para que pagara pronto.

Es más que probable que de haber contado con este informe, la comisión parlamentaria delcaso Millethubiera sido aún más explícita en sus conclusiones. El informe es también un emplazamiento al juez Solaz, quien ahora ya no tiene ninguna excusa para imprimir al caso la diligencia de la que hasta ahora ha carecido.