El Mundial que ayudó a desmontar la ‘kafala’, la ley esclavista de Qatar

Cuando a finales de 2010 la FIFA otorgó a Qatar la organización del Mundial 2022, en el país aún funcionaba a plena potencia la ‘kafala’, la ley del patrocinador, un sistema basado en la jurisprudencia árabe que en la práctica permitía a los empresarios tener un control casi absoluto sobre sus trabajadores: les retenían el pasaporte y una parte de su salario y les impedían cambiar de trabajo, además de obligarles a firmar una ‘declaración de no objeción’. El sistema se aplicaba –o se aplica, porque en algunos casos las empresas buscan resquicios legales- a trabajadores migrantes, necesitados de ingresos, e indefensos ante los abusos laborales. Los ‘expats’, trabajadores de cuello blanco, con altos salarios y contratados por empresas occidentales, no se veían afectados por la ‘kafala’. La ‘kafala’ (derivada de la palabra 'kafeel', patrocinador o protector) empezó a ser práctica habitual en la década de los 50, con el ‘boom’ del gas y el petróleo. “Qatar traía trabajadores de países pobres que no conocían el idioma ni tenían apoyo familiar o social o de otros compatriotas”, resume Houtan Homayounpour, ex responsable en Qatar de la ILO (International Labour Organization, Organización Internacional del Trabajo). “En esas condiciones, se suponía que el patrocinador cuidaba del trabajador, proporcionándole una vivienda y una cierta seguridad. Pero con el paso del tiempo, debido a una serie de cambios legales, el sistema se convirtió en un abuso de poder por parte del empresario”. El Mundial ha tenido un doble efecto: en los primeros años tras la concesión de la FIFA, la ‘kafala’ permitió a las autoridades de Qatar contratar mano de obra muy barata –de países como India, Pakistán o Nepal, especialmente- para construir estadios e infraestructuras. Los empresarios tenían un control absoluto sobre los trabajadores: podían impedirles cambiar de trabajo o salir del país, incluso cancelar su permiso de trabajo, lo que en la práctica suponía expulsarlos del país. Sin embargo, a medida que se acercaba el mes de noviembre de 2022, la apertura del torneo, la presión internacional sobre las condiciones de los trabajadores obligó a Qatar a reformar sus leyes laborales. El agosto de 2020, el gobierno qatarí eliminó la obligatoriedad de la ‘declaración de no objeción’ y permitió la entrada y salida de los trabajadores, sin necesidad del permiso del empresario. La ‘kafala’ quedaba prácticamente derogada. “En 2012, las jornadas laborales eran de doce o de catorce horas, de lunes a lunes y sin cobertura sanitaria. Ahora, por ley, los empresarios están obligados a mejorar esas condiciones, aunque es cierto que muchos empresarios intentan torear esas leyes”, sostiene Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de ‘Qatar. La perla del Golfo’ (Península). “Lo cierto es que el estado no tiene capacidad para vigilar que se cumplan a rajatabla las nuevas normas; incluso muchas empresas occidentales se aprovechan de esa indefinición para aplicar contratos que podríamos llamar semi esclavistas”, añade. El Mundial, por lo tanto, sirvió primero para explotar a los trabajadores y después, para protegerlos. Al menos en teoría. En marzo de 2021, el gobierno de Qatar estableció un salario mínimo para todos los trabajadores de 1.000 rials mensuales, unos 265 euros, una medida que benefició a 280.000 trabajadores, según la ILO. Qatar es el primer país del Golfo Pérsico que aplica la medida, que por cierto también afecta a las trabajadoras domésticas. También ha permitido que los trabajadores inmigrantes puedan elevar sus quejas al ministerio de Trabajo, algo impensable hace unos años. En 2020, el Ministry of Labour tramitó 11.700 casos de conflictos entre empleado y empresario, una cifra que en 2021 ya fue de 24.600, según los datos de la ILO. El gobierno también ha impulsado el ‘wage protection system’, una medida de protección salarial que obliga a las empresas a pagar los sueldos de los trabajadores a través de bancos qataríes, monitorizados por el gobierno. El 94 por ciento de las empresas que funcionan en Qatar, siempre según datos de la ILO, se acogen al sistema. En Qatar no existen los sindicatos, pero el país parece dispuesto a permitir que los trabajadores se asocien. Es aún una medida incipiente: solo 70 empresas tienen algo parecido a un comité de empresa. El gobierno también mejoró ligeramente en 2021 las condiciones de los trabajadores al aire libre, expuestos en verano a unas temperaturas infernales. Por decreto, está prohibido trabajar en la calle entre las 10 y las 15.30 horas, del 1 de junio al 15 de septiembre.

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Desde 2020, el gobierno de Qatar da pasos para derogar el sistema que permitía a los empresarios tener un control absolutos sobre los trabajadores inmigrantes

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