Brasil se juega su credibilidad climática con un nuevo plan para la Amazonía

Han pasado seis meses desde que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera su tercer mandato como presidente de Brasil y, aunque la comunidad esperaba que con su elección se pasara página para siempre a la política anticlimática impulsada por Bolsonaro, lo cierto es que la sombra del político de extrema derecha no ha desaparecido del todo.

En las últimas dos semanas, los ecologistas han cosechado dolorosas derrotas en el Congreso brasileño. Dominado por diputados que son afines ideológicamente a Bolsonaro y, al mismo tiempo, serviles a los lobis agropecuarios ultraconservadores, el Congreso acaba de aprobar una reforma ministerial que recorta las competencias de los dos ministros a los que Lula había confiado la guía de la política medioambiental del país. Uno es el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que ha perdido la potestad de aprobar la demarcación de nuevas reservas indígenas, ahora en manos del técnico y burocrático ministerio de Justicia. Puede parecer una cuestión baladí, pero no lo es: además de reparar el sufrimiento de los grupos indígenas afectados por la expulsión de sus históricas tierras, la demarcación y el reconocimiento oficial de las reservas indígenas implica que esas áreas, en su mayoría localizadas en la selva amazónica, quedan vetadas a la exploración maderera o al plantío de soja. No por casualidad las zonas más preservadas de la Amazonía se encuentran dentro de las reservas de decenas de grupos indígenas brasileños. Son verdaderos muros verdes contra la deforestación, así como sumideros de CO2 que contribuyen a frenar el cambio climático.

El otro ministerio afectado por la reforma ministerial impuesta por el Congreso, y contra la cual se sospecha que Lula no hizo todo lo que podía para frenarla, es el Ministerio de Medio Ambiente, némesis de los diputados que defienden los intereses de los grandes productores de soja y de los exportadores de carne bovina. Entre otras atribuciones, esta cartera ha perdido el control sobre el Catastro Ambiental Rural (CAR), un censo de los inmuebles rurales destinado a poner fin al robo y al tráfico de tierras públicas, dos de los motores de la deforestación.

Dos mujeres de prestigio internacional

Para el Observatorio del Clima, una de las principales organizaciones ecologistas brasileñas, no cabe duda de que el Congreso, dominado por partidos de centroderecha, “intenta destruir la política medioambiental” a la que se comprometió el Ejecutivo de Lula. El golpe a la credibilidad de la mayor nación amazónica, además de quinto mayor emisor de gases con efecto invernadero, es aún mayor porque las titulares de los dos ministerios afectados son dos mujeres con gran prestigio internacional. La ministra de los Pueblos Indígenas es la activista Sonia Guajajara, primera mujer indígena en ocupar un ministerio en la historia del país y una de las mujeres más influyentes en 2022, según la revista ‘Time’; la segunda es la también activista Marina Silva, acaso la figura de mayor reconocimiento mundial dentro del actual Ejecutivo.

“Ella es muy importante para la imagen de Lula y de Brasil en Occidente en materia de cambio climático”, explica a EL PERIÓDICO el analista de política internacional Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira, de la fundación Armando Alvares Penteado (FAAP). “Lula sabe que no puede darle la espalda”.

Silva ya fue ministra de Medioambiente de Lula en sus dos primeros mandatos (2003-2006 y 2007-2010), pero salió abruptamente del Ejecutivo en 2008 como consecuencia de sus desencuentros con Lula y con quien sería su sucesora, Dilma Rousseff, una tecnócrata favorable a priorizar el desarrollo económico de Brasil frente a la preservación de la Amazonía. Preguntada por la prensa hace unos días si pensaba dimitir como consecuencia de lo sucedido en el Congreso, donde Lula decidió no usar todo su poder para frenar la pérdida de poder de Silva, la ministra dijo que no. Pero mandó un recado al mundo: el nuevo Parlamento tiene la intención de “implementar [la agenda del] gobierno Bolsonaro en el Ejecutivo de Lula”, dijo Marina. Es decir, que pretende seguir aprobando políticas que permitan la destrucción del medioambiente y el aumento de las emisiones.

Cerca del punto de no retorno

Quizá como contrapeso al aluvión de malas noticias, Lula presentó esta semana un nuevo plan estratégico para preservar la Amazonía, que ha perdido ya el 20% de su superficie forestal y se acerca a un punto de no retorno, según los científicos. Dos de los objetivos más ambiciosos son crear tres millones de hectáreas de áreas protegidas durante la legislatura y expandir la presencia del Estado en la región por medio de la apertura de cuatro nuevas comisarías de policía federal y varias unidades de investigación. El objetivo es hacer frente a las poderosas mafias madereras y ganaderas que se lucran destruyendo la mayor selva tropical del planeta. Es una medida crucial en una región que entre 2012 y 2021 ha registrado más de 300 activistas asesinados. La letalidad que aguarda a quien se enfrenta a este tipo de criminalidad organizada quedó expuesta al mundo con los asesinatos del antropólogo brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, ocurridos hace exactamente un año en un rincón de la Amazonía occidental brasileña. Aunque hay varios imputados, todavía no se ha hecho justicia.

Presentado por Lula y Silva, el nuevo plan de preservación también prevé la creación de un “sello Amazonía” que garantizaría que la cadena de suministro del producto comerciado –desde derivados de frutas o carne hasta piedras preciosas— es rastreable y no ha provocado deforestación. Una medida fundamental que va en consonancia con las pioneras directivas de la Unión Europea, que se apresta a implementar una ley que obliga a las empresas que venden en el mercado común a demostrar que 'commodities' como el aceite de palma, la soja y la carne no han sido producidos en tierras deforestadas después de 2020.

Suscríbete para seguir leyendo