Grandes ciudades de la región metropolitana de Barcelona como Mataró, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat, Terrassa o la propia Barcelona se hallan en un proceso de aceleración para poner en marcha ―en algunos casos ya están activos― sistemas no únicamente de control sino también de fiscalización del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a través de plataformas digitales que, en algunos casos, comportan penalizaciones económicas a las empresas concesionarias. Sanciones basadas en el principio de pagar exactamente por el servicio realizado, principio que cobra relevancia tratándose de contratas de cientos de millones de euros.