Es muy probable que el debate sobre las pensiones monopolice la agenda social, política y mediática de este 2017. Para poder afrontar este reto con garantías, seguramente tenemos que empezar por el principio y hacernos una pregunta crucial: ¿entendemos que tener una pensión pública suficiente debe seguir siendo un derecho? Si la respuesta es que sí -como creo que debe ser- hay que buscar soluciones en el modelo de país que queremos, donde la cohesión y la igualdad sean principios rectores de nuestra sociedad.
Y es en esta discusión donde tendremos que remitirnos al pasado para poder asumir con garantías el futuro. Del pasado sabemos mucho, lo hemos analizado hasta la saciedad y los resultados son los que son: el PP ha utilizado sus años de mayoría absoluta para construir un relato ficticio de nuestro sistema de la Seguridad Social. Es verdad que España tiene un problema con la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, pero también es verdad que se ha construido un estado en la opinión pública sobre la insostenibilidad del sistema, para trasladar la responsabilidad pública de asegurar las pensiones a la responsabilidad privada, favoreciendo así los planes de pensiones privados y trasladando al individuo como sujeto la suerte o no de tener una vejez con garantías.
Vaciando la caja
Pero, además, reformas laborales sucesivas han conseguido que cada vez se recaude menos. Allí donde en el año 2011, 320.000 nuevos cotizantes ingresaban al sistema 1.900 millones de euros, estos mismos cotizantes, en el 2014, solo ingresaban 600 millones. Y no acaba aquí, tenemos que añadir que en plena crisis se optó por pagar parte de las políticas activas de empleo (bonificaciones, tarifas planas ...) con dinero de la Seguridad Social. Así, poco a poco, el Gobierno iba vaciando la caja mientras usaba discrecionalmente el fondo de reserva de la Seguridad Social. Adicionalmente utilizó las reformas legislativas unilaterales para saltarse el diálogo social y el Pacto de Toledo. Del consenso al monólogo, con cambios legislativos que han llevado a aplicar dos factores de corrección del sistema -el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad- que ya empiezan a recortar las pensiones solo aplicando uno de sus frutos: este año, a los pensionistas se les aplicará un incremento del 0,25% de las pensiones, mientras que el IPC ha cerrado el 2016 en el 1,6%.
Pensionistas pobres, caja vacía, discurso ideológico trabado hacia el individualismo... La tormenta perfecta para que deliberadamente entendamos que el sistema puede llegar a la quiebra si no ponemos remedio.
Institución robusta
Los sindicatos entendemos que la Seguridad Social es uno de los mayores patrimonios de este país. Y es en este sentido que creemos que hay que destinar todos los esfuerzos a que la Seguridad Social sea la institución robusta que nunca tenía que haber dejado de ser. Y para poder aportar soluciones, hay que tener claras algunas premisas fundamentales: que la pensión es salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, y que la Seguridad Social es la única política a la que se le pide que sea autofinanciada y equilibrada. ¿Se pide al Ministerio de Defensa que sea autosuficiente? El coste-beneficio que aporta es claramente desigual, pero no se le pide.
Muchas veces se nos piden soluciones. Las tenemos. En primer lugar, hay que pagar los gastos ordinarios de gestión de la Seguridad Social a cargo de los presupuestos generales del Estado. En segundo lugar, tenemos que empezar a hablar de pagar con impuestos algunos gastos (Francia recauda 87.000 millones de euros en concepto de solidaridad para pagar las pensiones) y dejar de pagar políticas activas con dinero de la Seguridad Social. Hay que crear empleo de calidad y reactivar la economía porque los problemas de la caja son fundamentalmente de ingresos y no de gastos. Tenemos que empezar a hablar de la tributación de los beneficios de la industria 4.0 que desplazarán mano de obra, y de cómo la gente mayor de 45 años continúan su vida activa con garantías, lo que conllevará más ingresos.
Para evitar unas pensiones devaluadas que no puedan ni mantener el poder adquisitivo, se deberá derogar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. Debemos asegurar que el sistema de la Seguridad Social no sea un sistema asistencial que potencie a los que puedan generar una pensión privada.
Otro de los debates que tendremos sobre la mesa será la financiación de la viudedad y la orfandad. Algunos quieren que pasen a los presupuestos generales del Estado. Hacerlo sería un error. Siete de cada 10 viudas tienen su pensión como única fuente de ingresos. Eliminarlo de la vida contributiva las pondría a merced de las disposiciones presupuestarias de turno y de facto eliminaría el derecho.
El debate de las pensiones es complejo y difícil. Pero no inasumible. Como he dicho antes, se trata de salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, y los principales interesados en que la Seguridad Social sea una institución sólida somos nosotros. Eso sí, su viabilidad es posible con diálogo y mano extendida. Teniendo en cuenta que nuestra línea roja es clara: un sistema de reparto que garantiza la sostenibilidad, la cohesión y la igualdad.