52 países, entre ellos España, exponen en el Tribunal de La Haya a partir de este lunes las consecuencias de la ocupación de Israel en Palestina

A partir de este lunes 19 de febrero, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) con sede en La Haya celebrará seis audiencias para oír los argumentos de 52 países y tres organizaciones internacionales personadas para participar en uno de los procedimientos previstos –“dictamen consultivo”- para obtener un pronunciamiento no vinculante del llamado “tribunal de la ONU”. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, según ha informado el TIJ, expondrá su posición durante treinta minutos el próximo 26 de febrero, en el día de cierre de las audiencias. Cualquier relación entre este procedimiento de dictamen consultivo y la masacre provocada por Hamás del 7 de octubre tras romper el muro que separa Gaza de Israel y la nueva guerra en Gaza (“posiblemente genocida” según las medidas adoptadas por el TIJ a petición de Sudáfrica) podría ser, por así decir, mera coincidencia. Porque la petición del dictamen fue elevada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2022 y abierta por el TIJ el 3 de febrero de 2023 bajo el título de “Consecuencias Legales Derivadas de las Políticas y Prácticas en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este”. Pero es lo cierto, que el TIJ convocó las seis audiencias el 23 de octubre de 2023, es decir, dieciséis días después de la llamada 'operación Inundación de al-Aqsa' del 7 y 8 de octubre de 2023. Casi 29.000 muertos El inicio de las sesiones este lunes 19 llega después del rechazo del TIJ -se trata de un procedimiento separado- a adoptar nuevas medidas urgentes solicitadas por Sudáfrica la semana pasada en su demanda por genocidio contra Israel para proteger a casi 1,5 millones de palestinos concentrados en el extremo sur de Gaza, en Rafah, ciudad que es objetivo de una inminente ofensiva militar de las Fuerzas Armadas de Israel (IDF). El TIJ rechazó la nueva petición de medidas cautelares con el argumento de que las dictadas el 26 de enero (“no matar a civiles palestinos”) pueden ser aplicadas a la situación en Rafah. Lo cierto es esto: desde el 26 de enero, cuando el TIJ habló de 25.000 palestinos muertos, más de la mitad mujeres y niños, el “posible genocidio” se ha incrementado hasta 28.895. El riesgo de un salto cualitativo de muertes en Rafah, ciudad que hace frontera con Egipto, llevó a Sudáfrica a pedir nuevas medidas. Ese riesgo fue abiertamente reconocido por el el ministro de Defensa de Israel, el general retirado Benny Gantz, quien este domingo, 18 de febrero, ha explicado a organizaciones judías norteamericanas: “Israel va a ampliar sus acciones a Rafah”. Y añadió: “A aquellos que dicen que el precio es alto, yo digo claramente: 'Hamás tiene una opción: rendirse, liberar a los rehenes hacia Ramadán [el mes de ayuno musulmán entre el 9 de marzo y el 11 de abril], y los residentes de Gaza podrán celebrar el Ramadán'”. Rafah, una ciudad con una población de 240.000 habitantes, ha sufrido una concentración extraordinaria de palestinos como resultado del desplazamiento de casi 1,4 millones procedentes del norte de la Franja de Gaza obligados por el ejército israelí desde mediados de octubre a dirigirse a una zona que prometía, según Israel, ser “zona segura”. Una vez allí, Israel amenaza con atacar a presuntos batallones milicianos de Hamás en Rafah. En este contexto, pues, comienza el procedimiento en La Haya sobre la situación en los territorios ocupados en Palestina y Jerusalén Este por Israel. Hay un precedente hace ahora 22 años. En 2004, se sometió a La Haya un “dictamen consultivo” sobre la construcción del muro que erigía Israel para separarse de los territorios ocupados. El TIJ consideró debía ser desmantelado por violar el derecho internacional. Israel siguió adelante, una verja que demostró ser incapaz de garantizar la seguridad, según pudo comprobarse el 7 de octubre de 2023. Ello a pesar de que el Ejército israelí y el servicio de inteligencia interior Shin Bet tuvieron información con un año de antelación sobre la gestación de una gran operación de Hamás. España, el 26 de febrero Cada uno de los 52 países -incluyendo en primer término a Palestina, que ostenta el título de “estado observador”- ha enviado sus exposiciones por escrito al TIJ. El plazo para elevar dichos textos venció el pasado 25 de octubre de 2023. Además, cada país, si así lo deseaba, podía añadir escritos contestando los argumentos de los otros participantes. El representante de Palestina expondrá la situación y las medidas durante la audiencia de apertura prevista para este lunes 19 con una exposición de tres horas a partir de las 10.15 horas. El martes tocará a Sudáfrica desarrollar su punto de vista, una intervención que se espera con expectación por tratarse del país que disputa con Israel sobre el incumplimiento de la Convención contra el Genocidio en Gaza. El próximo 26 de febrero, lunes, tocará al representante del gobierno de España usar su turno de media hora para explicar su punto de vista. Es un día relevante. Porque en esa fecha vence el plazo de un mes dado por el TIJ el pasado 26 de enero para que el gobierno de Israel presente un informe escrito sobre el cumplimiento de la orden votada por casi unanimidad (15 de las medidas y 2 en contra, en unos casos, y otras por 16 a favor y 1 en contra) en la cual se exigía a Israel que dejara de cometer actos genocidas y que el gobierno diera ordenes al Ejército para no actuar contra la población civil, mujeres y niños de Gaza. En la orden, el TIJ consignaba hasta el 26 de enero 25.000 muertos en Gaza; hasta este domingo, ya se ha elevado, según se ha apuntado, a 28.895. “Sudáfrica volverá a dar guerra después del informe del gobierno Netanyahu sobre cómo se ha aplicado por Israel la orden del 26 de enero y no le resultará fácil al Tribunal, con el incremento de muertes y el riesgo de una nueva carnicería en Rafah volver a dar la espalda a una orden de alto el fuego permanente”, señaló una fuente jurídica en La Haya. Claro que Israel puede también incumplirla caso de que La Haya la vaya a dictar. Y para forzar su cumplimiento solo cabe hacerlo a través del Consejo de Seguridad de la ONU, que a su vez resulta infranqueable por el derecho de veto de Estados Unidos. Es una situación diabólica.

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Se trata de un procedimiento de “dictamen consultivo” iniciado en febrero de 2023 sobre el cual el tribunal de la ONU emitirá una opinión no vinculante

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