"¿Chicos, ustedes tienen hambre? Vengan uno a uno que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente", dijo días atrás la ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Pettovello, cuando le reprocharon el abandono de los casi 50.000 comedores populares y merenderos diseminados a lo largo y ancho del territorio argentino. El Gobierno de ultraderecha de Javier Milei ha considerado que la justicia social es una "aberración". El propio Milei llamó a erradicar la idea de que "donde hay una necesidad, hay un derecho" que el Estado debe atender. Pero el hambre es un problema mayúsculo en el país sudamericano: afecta a 10 millones de personas y a casi el 60% de los menores. La propuesta de la ministra de que los famélicos fueran a su despacho "de uno en uno" no parece ajustarse a las necesidades del presente. Si aquellos que se encuentran bajo una situación de emergencia alimentaria hubieran tomado al pie de la letra sus palabras, habrían formado una fila de 100 kilómetros, según los cálculos realizados por el sociólogo Alex Roig, expresidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).