España presiona para que la UE no posponga más un reglamento de oleadas migratorias

No habrá acuerdo para regular en Europa la gestión de huellas dactilares ni el refuerzo del control en frontera de la identidad del migrante mientras no lo haya también para ordenar las grandes crisis migratorias. Este miércoles se bloqueó en la comisión Libe del Parlamento Europeo el diálogo a tres (o trílogo: Eurocámara, Comisión y Consejo) sobre los dos primeros reglamentos en espera de pacto para el tercero. Este enredo es parte -y síntoma- de la gran discusión de la UE sobre inmigración en este semestre. Inyecta premura el lacerante caso de Lampedusa. El Ministerio del Interior español trata de que, durante el turno español de presidencia europea, la UE se dote de un reglamento común para que cada país sepa qué hacer y cómo coordinarse ante la próxima -e inevitable- oleada humana que pueda llegarle desde el sur o desde el este. La fecha del 19 de octubre es el límite. Ese día y el siguiente se reúne en Bruselas el JAI (Consejo de Ministros de Justicia e Interior). La presión se incrementa ahora, según fuentes gubernamentales y europarlamentarias, para que de esa cita salga un acuerdo. Pero desde Madrid se sigue atisbando un escollo principal en Alemania. La parte socialdemócrata del Gobierno alemán está de acuerdo con impulsar el reglamento. Al fin y al cabo, ese país aprendió mucho con la avalancha de sirios que le pidieron cobijo en 2015; pero por eso mismo también hay reticencias, y por la izquierda más que por la derecha. La Alianza 90-Los Verdes, apoyo del SPD en el Gobierno alemán, pugna por reducir al mínimo el tiempo de internamiento de un extranjero indocumentado que mantienen otros países, España entre ellos. Una nueva oleada migratoria sobre Europa es solo cuestión de tiempo. Ocurrirá de nuevo, y con su dramático séquito de penalidades. Hay prisa además: la legislatura estará prácticamente liquidada durante el próximo semestre, porque en la Eurocámara ya se estará pensando más en los próximos comicios europeos que en legislar. Los tres reglamentos que se enmarañan en esta discusión política tienen mucho que ver con las otras tres claves principales del problema migratorio visto desde esta orilla sur de Europa. Quién se hace cargo El concepto se acuña como "responsabilidad del país de primera entrada". Es una piedra de toque muy importante a la hora de enfocar en Europa la inmigración, porque solo unos pocos países -los del grupo MED5: Italia, España, Malta, Chipre y Grecia- son los principales en recibir los migrantes que huyen de la pobreza y la guerra en África y Oriente Próximo, aunque los recién llegados busquen luego preferentemente seguir hacia el norte. La responsabilidad del país de primera entrada implica que aquel Estado por cuya frontera ha cruzado una persona de forma irregular es el que debe acogerlo y tramitar su asilo o expulsión. Si ese extranjero entra por Algeciras, cruza por Port Bou y aparece en Hamburgo, las autoridades alemanas podrán devolvérselo a España. Sobre los países de primera entrada pesaba antes esa obligación durante tres años, pero el sur de la UE ha ido presionando al norte para reducirlo. Desde el pasado 8 de junio (JAI celebrado en Luxemburgo) es un año y medio, y un año si el extranjero ha entrado en el país por un rescate en el mar. Esa es una casuística propia de España, Italia, Malta, Chipre o Grecia. Por mar no entran migrantes en Suecia, ni mucho menos, por razones obvias, en Hungría o Austria. Hacerse cargo de un extranjero indocumentado implica un complejo serial de actos desde el mismo momento en que se le da un bocadillo, bebida, agua y una manta cuando llega en un cayuco: llevarlo a un CATE (Centro Temporal de Atención a Extranjeros); ahí, identificarlo y proporcionarle un NIE (número de identifidación de extranjero, su tarjeta de identidad); examinarlo médicamente; averiguar si está en situación de vulnerabilidad (anciano, niño, mujer…); entender si pide asilo y, si es así, iniciar el trámite… Todo ello en un máximo de 72 horas. "Por regla general el tiempo es mucho menor", indican fuentes de Interior. Desde el CATE, al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), donde, en un máximo de 60 días, teóricamente, ha de resolverse el expediente que acabará en su repatriación, en su asilo o en un permiso de residencia porque, pasado el tiempo sin solución, habrá obtenido arraigo en el país. Las otras lampedusas Ninguna de las fuentes consultadas niega que en la discusión europea que promueve este semestre España está influyendo mucho el drama de la acumulación en la isla de Lampedusa de miles de personas buscando una vida mejor, o simplemente una vida. Hasta ahora los ministros de Interior de España han movido un argumento ante sus socios europeos: "Si la solidaridad se flexibiliza, se flexibiliza la responsabilidad", explica un ejecutivo del ministerio español. Es la idea de que los países del norte no pueden dejar todo el peso del problema de la llegada a Europa a los países que forman la frontera marítima sur de la UE. De eso ha tomado nota una vez más la presidenta Úrsula Von der Leyen en su reciente viaje a la isla italiana. Y sobre ese argumento claman otras lampedusas. En Canarias, por la creciente acumulación de subsaharianos arrivados (2.500 en las dos primeras semanas de septiembre) y por la previsión de que el número crecerá aún más de aquí al invierno. En Ceuta y Melilla, por el elevado número de menores migrantes no acompañados que han de acoger por rachas las dos ciudadaes, agotando una y otra vez sus recursos de acogida, hasta que el Estado decide su dispersión por otras comunidades autónomas, y la alta concentración por sus calles de migrantes mano sobre mano, desesperados y hartos. Tanto Canarias como las ciudades autónomas africanas exigen la presencia en su territorio de Frontex, la agencia de guarda y fronteras de la UE. Pero el Gobierno no opina lo mismo: prefiere que Frontex se despliegue en las costas de partida de los inmigrantes, en África, mediante acuerdo con los países emisores. El "tsunami demográfico" No es solo la urgencia que imprime al caso un Mediterráneo lleno de muertos, o la situación de hoy en Lampedusa, o la que podrá imprimir un amontonamiento repentino de cayucos en el pequeño muelle de El Hierro si llegan unos días de Atlántico en calma. Todo este debate europeo, con sus lentitudes, se celebra al pie del muro de un inmenso embalse poblacional. El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, lo subrayó en su útima intervención sobre el tema, al acabar el JAI celebrado en julio en Logroño: "La población actual de África es de 1.300 millones de personas, y en 2050 será el doble". Lo confirma la Prospectiva de Población Mundial que revisa cada año la ONU, que prevé una tasa de fertilidad de las mujeres africanas del 4,7, el doble de la media mundial. La presión poblacional del sur sobre el norte es una evidencia devenida en tópico, y no tiene otro camino que desbordarse si no mejoran las condiciones de vida en los territorios emisores. Esa es una de las conclusiones del coronel especialista en el Sahel Juan A. Mora Tebas en un trabajo realizado para el Instituto Español de Estudios Estratégicos, dependiente de Defensa. En su informe acuña el término "tsunami demográfico", y lo lleva al título. El Sahel, escenario infernal del cambio climático y de la insurgencia terrorista poblado por 400 millones de personas, será responsable de un tercio del aumento de población mundial hasta 2050. "La explosión demográfica aumentará la necesidad de incrementar la producción ganadera y agrícola para poder alimentarla -augura el analista militar-, lo que provocará una progresiva saturación del control de las tierras y el consiguiente aumento del consumo del agua. Esto multiplicará el esquema de violencia asociado a la pugna por los terrenos y los recursos".

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