El Reino Unido se ha convertido en un refugio para decenas de miles de ciudadanos hongkoneses desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional en el territorio chino en junio de 2020. Una ley que limitó derechos fundamentales como la libertad de reunión y la libertad de prensa, bajo el pretexto de supuestas "actividades terroristas" o "subversión del poder del Estado", y que ha obligado muchos de los activistas a favor de la democracia y de la libertad de expresión a abandonar el país para evitar las amenazas y la persecución del Gobierno chino. La última prueba de esta persecución se ha revelado esta semana con el ofrecimiento de recompensas por parte del Gobierno de Hong Kong a cambio de la detención de activistas huidos y con el arresto de cuatro jóvenes en la excolonia, acusados de prestar apoyo a sus compañeros en el exilio.