Aborto, la nueva frontera que divide a EEUU

Junio ha vuelto a ser el mes oficialmente dedicado en Estados Unidos a la celebración del orgullo de la comunidad LGTBQ. Si fuera por algunos de los líderes del movimiento contra el aborto, pasaría a ser celebrado como "el mes de la vida". Con ese impulso que buscan activistas conservadores a la nueva denominación intentan marcar el momento en que, hace un año, seis de los nueve jueces del Tribunal Supremo derogaron la protección constitucional que desde enero de 1973 había tenido el derecho al aborto en el país, una decisión que está transformando EEUU y creando una nueva frontera, física pero también social. Los EEUU posteriores a Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la sentencia del 24 de junio de 2022 que derogó Roe v. Wade y devolvió la legislación a los estados, son un país más fragmentado y difícil de navegar para las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo. Y en esa fractura vuelven a abrirse fallas en las que se ven más afectadas de forma negativa las mujeres de menores ingresos y de minorías raciales. El nuevo mapa Trece estados, la mayoría en el sur, tienen en vigor prohibiciones totales, o casi, desde la concepción, en la mayoría de los supuestos también sin excepciones para casos como violación o incesto. Georgia lo ha vetado más allá de las seis semanas de gestación, un momento en el que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Otros ocho han aprobado duras restricciones que o aún no han entrado en vigor o están de momento paralizadas por batallas en los tribunales. Y ninguna será más determinante que la de Florida, el tercer estado más poblado del país y donde ahora acuden muchas de las mujeres afectadas por los vetos en el sur: de una decisión del Supremo estatal pende el futuro de un veto a partir de seis semanas. A la par, 17 estados y el Distrito de Columbia han aprobado o reforzado normas para garantizar el acceso al aborto hasta el momento de viabilidad del feto, que se calcula alrededor de las 24 semanas de gestación, así como para proteger a proveedores médicos, a las mujeres y a quienes les asisten. Y también seis gobiernos estatales y 15 municipales, según datos del Instituto Nacional de Seguridad Reproductiva, han elevado hasta los 208 millones de dólares los fondos para financiar métodos anticonceptivos o apoyar a la gente que necesita ayuda económica. Un golpe desigual Aunque las cifras totales varían según quién realice los cálculos, se estima que entre 22 millones y 25 millones de mujeres en edad fértil de EEUU viven en estados con vetos. Y en los nueve primeros meses desde la sentencia, según datos de una encuesta que mantiene la Sociedad de Planificación Familiar (y en los que no se contabilizan las interrupciones del embarazo con fármacos pedidos en el extranjero), el número de abortos en EEUU cayó aproximadamente el 3% respecto al año anterior, con 24.290 menos. Ese descenso se ha producido especialmente en los estados donde son más acentuadas las desigualdades estructurales y sociales en cuestiones como mortalidad maternal y pobreza. Y el golpe de Dobbs no se distribuye igualitariamente en estos EEUU rotos, donde los defensores del derecho al aborto también contienen la respiración ante la posibilidad de que prospere en los tribunales un intento de prohibir o limitar el acceso a la mifespristona, uno de los dos fármacos clave para los abortos químicos. Como ha recordado Caitlin Myers, una profesora de económicas en Middlebury College en Vermont que estudia el aborto y mantiene una base de datos sobre el impacto de la decisión del Supremo, en un país donde tres cuartos de las pacientes de aborto viven con bajos ingresos y casi un 50% lo hacen bajo el nivel federal de la pobreza, las más impactadas han sido mujeres de color o con dificultades económicas. Y son mujeres negras, indígenas y otras no caucásicas quienes ahora necesitan hacer desplazamientos más largos. En este nuevo mapa a retales, un 23% de las mujeres han visto subir el tiempo que necesitan dedicar para llegar hasta un proveedor médico, y ahora de media están a unos 480 kilómetros del más cercano. Y si hasta junio de 2022 la distancia media general de un proveedor era de 40 kilómetros, para abril de este año se había elevado a 137 kilómetros. Impacto más allá En el último año han cerrado más de 61 clínicas, instalaciones de Planned Parenthood y consultas médicas, la mitad de las cuales aproximadamente han pasado a dedicarse a cuestiones como control de natalidad o cuidado prenatal, y 16 han abierto en estados donde es legal. Pero según ha denunciado Kelly Baden, del Guttmacher Institute, "los estados que han prohibido el aborto amenazan también la salud y el bienestar de gente con embarazos deseados que enfrentan una emergencia. Los médicos y hospitales no saben cómo operar, o están operando bajo una oscurísima nube de sospecha y hostilidad", ha dicho. Parte del problema es la vaguedad de la redacción de algunas de las leyes restrictivas, que están sembrando "caos" y "confusión", según palabras que repiten especialistas en obstetricia y ginecología. Las dudas legales han hecho que sea más difícil atraer especialistas a estados con vetos o restricciones. Y en un estudio entre profesionales realizados por la Kaiser Family Foundation cerca del 40% aseguraron haber sufrido limitaciones para dar cuidados en abortos espontáneos y otras emergencias relacionadas con embarazos y el 61% dijeron que, cuando toman sus decisiones sobre el cuidado a sus pacientes, lo hacen preocupados por riesgos legales que podrían enfrentar.

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