Bruselas cambió el mundo digital con la ley de protección de datos, pero Irlanda está boicoteando su aplicación

El 14 de abril de 2016, la Unión Europea (UE) dio luz verde a una ley única en el mundo: el bloque comunitario sería el primero en proteger los datos de sus ciudadanos en internet para garantizar su privacidad. Esta pionera medida entró oficialmente en vigor el 25 de mayo de 2018. Cinco años después, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se ha convertido en un modelo global para otros países. Sin embargo, su aplicación se ha visto atrasada y minimizada por uno de los miembros del club: Irlanda. Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, TikTok, Activision Blizzard, IBM, Airbnb, PayPal, Twitter, eBay... Estas son algunas de las grandes compañías tecnológicas que a lo largo de las últimas dos décadas han instalado su sede europea en Irlanda. El principal motivo detrás de este movimiento es la favorable política fiscal irlandesa. Hasta ahora, el país ha fijado el impuesto de sociedades en un 12,5%. Aunque se ha comprometido a elevarlo a un 15%, esa cifra seguirá estando muy por debajo de la que gravan sus socios de la UE. España, sin ir más lejos, aplica un tipo general del 25%. Estos gigantes empresariales deben cumplir con la RGPD. La normativa las obliga a tener el consentimiento de los usuarios para extraer y usar sus datos, informarles con transparencia y operar de forma que se proteja su información personal. De no cumplir, se enfrentan a severas multas de hasta el 4% de su facturación mundial. Eso puede equivaler a miles de millones de euros. El encargado de garantizar el cumplimiento de la ley es el organismo de protección de datos del país donde se radican, lo que hace que Dublín cargue con esa responsabilidad. "Fracaso flagrante" La normativa ha sentado un precedente internacional, pero su aplicación ha sido un "fracaso flagrante". Así lo denuncia un informe publicado por la oenegé ICCL en el que detalla que "apenas se han aplicado medidas coercitivas sustanciales", tan sólo 28 multas en cinco años. Además, se critica al regulador irlandés por optar por una "resolución amistosa" en el 83% de los casos, lo que convierte a Irlanda en "el cuello de botella de la ejecución" de la ley. Hasta el 75% de sus resoluciones desde 2018 han sido posteriormente anuladas por la Junta Europea de Protección de Datos (JEPD) para "obligarle a adoptar medidas coercitivas más severas". Dublín ha sacado tajada de ese trato de favor a las grandes corporaciones. El PIB per cápita irlandés es de 100.172 dólares, la segunda cifra más alta de la UE solo por detrás de Luxemburgo (ambos han sido acusados de ser paraísos fiscales). En los dos últimos años de catarsis y desplome bursátil del sector tecnológico, la riqueza del país se ha disparado un 13,6% y un 12%, un ritmo al que ninguna otra economía europea crece. "(Irlanda) se han vuelto muy dependientes de estas empresas y eso hace que sea realmente complicado seguir haciendo valer los derechos fundamentales en Europa", ha denunciado el abogado austríaco y activista de la protección de datos Max Schrems. Las multinacionales extranjeras representan el 10,2% del empleo y el 66% de las exportaciones del país. Hasta un 10% de todos los ingresos fiscales del país proceden ahora de sólo 10 empresas estadounidenses, cinco de las cuales son tecnológicas. Justificada por razones económicas, el 'laissez-faire' de Irlanda enturbia desde hace años su relación con las autoridades europeas, pero también con los socios que piden que se aplique lo que dictamina la ley. En 2016, Bruselas golpeó a Apple con una multa que la obligaba a devolver 13.000 millones de euros de impuestos no pagados a Irlanda por haberse aprovechado de rebajas fiscales "ilegales". La decisión no gustó al Gobierno irlandés, que se alió con el gigante tecnológico y apeló la sentencia. Cuatro años después, los tribunales le dieron la razón. La victoria de Dublín fue una derrota para la UE.

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