Sabía que era un gesto "bespolezno" (sin esperanza), pero aún así siguió adelante. A mediados de septiembre de 2021, es decir, apenas cinco meses antes del arranque de la invasión de Ucrania, Vladímir Kará-Murzá acudió al Tribunal del Distrito de Jamovniki, en el oeste de Moscú, a presentar una demanda contra el Comité de Investigación, órgano equivalente a la Fiscalía General en España, por negarse a iniciar pesquisas criminales en las dos tentativas de asesinato por envenenamiento que sufrió en 2015 y en 2017. Dos publicaciones -Bellingcat y The Insider- habían identificado a los responsables de la intoxicación, cuatro funcionarios del FSB, pero la justicia de Rusia no tenía intención alguna de indagar en aquel crimen. Como era de esperar, el tribunal desestimó el caso, y tras aquella resolución, en un café cercano, bajo la atenta mirada de dos oscuros individuos, conversó con EL PERIÓDICO acerca de lo que significaba haber sido envenenado, y acerca de la deriva tiránica que estaba experimentando el país.