Las historias son tan dolorosas como iguales. Lo que cambian son los nombres y la escena del crimen. Carlitos Urágama Cano fue asesinado por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su vivienda familiar y lo mataron delante de su esposa y sus hijos. Tenía 23 años y era integrante de la Asociación de Víctimas Indígenas del Chocó, a unos 565 kilómetros de Bogotá. La misma suerte que corrió Pedro Alirio Guerrero, un dirigente comunitario del sur colombiano. Forman parte de los 186 líderes sociales que perdieron la vida, casi en su totalidad en manos de grupos de extrema derecha o ligados al narcotráfico, en 2022 en el país latinoamericano. El dato es en sí espeluznante. Pero la oenegé Front Line Defenders aportó un número aún más estremecedor: el 46% de los homicidios de esta naturaleza cometidos en todo el mundo tuvieron lugar en Colombia. El año pasado asesinaron también a 42 exguerrilleros que habían entregado las armas tras el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC.