Incertidumbre sobre la viabilidad del caso penal contra Trump

¿Y ahora qué? Horas después de que Donald Trump se convirtiera el martes en la primera persona que ha pasado por la presidencia de Estados Unidos imputada penalmente, el interrogante está en el aire. Lo está en el terreno político, pero lo está también en el terreno jurídico. La estrategia legal que ha usado la fiscalía de distrito de Manhattan para elevar a categoría de delito 34 faltas de falsificación de documentos financieros es novedosa y nunca antes se ha puesto a prueba en los tribunales. Y más allá de divisiones políticas y partidistas, numerosos expertos legales ven señales de debilidad en el caso o, cuando menos, ambigüedades y retos que abren puertas a la defensa del expresidente republicano y candidato para 2024 para sacarlo de su primer gran atolladero legal. Los 34 cargos que enfrenta Trump, resumidos en las 16 páginas de la imputación, corresponden exclusivamente al caso de Stormy Daniels. Concretamente, a otros tantos cheques y registros documentales falsos vinculados al pago de 130.000 dólares que Michael Cohen, en 2016 abogado personal del entonces candidato Trump, realizó a la mujer para asegurar que no hacía públicas antes de las presidenciales de aquel año sus afirmaciones de que había mantenido una relación sexual con Trump una década antes. Cuando ya era presidente, Trump reembolsó a Cohen a plazos no solo ese dinero, sino un total de 420.000 dólares. El pago para silenciar a Daniels no es ilegal. La falsificación de los documentos solo constituiría según el código penal de Nueva York una falta leve. Pero la oficina del fiscal demócrata Alvin Bragg ha elevado cada una de esas faltas a delito asegurando que formaban parte de una trama para ocultar otro crimen, trama en la que también entraron los pagos que David Pecker, consejero delegado de la empresa editora del tabloide 'National Enquirer'. hizo en aquella misma campaña electoral para suprimir dos historias: la de Karen McDougal, modelo de 'Playboy' que también asegura que tuvo relaciones sexuales con Trump, y un portero de la Torre Trump que aseguraba que el empresario tuvo un hijo ilegítimo (una historia desacreditada). Un problema clave es que nadie sabe exactamente cuál es ese otro delito. Y aunque en su rueda de prensa tras la imputación el fiscal Bragg aseguró que “no se especifica porque la ley no obliga a hacerlo”, de cuál o cuáles sean, y de que consiga convencer a un jurado de que se dio o se dieron, dependería una condena por los 34 cargos. Leyes electorales y Hacienda En la vista del martes en la corte, uno de los fiscales aseguró que Trump falsificó los documentos “para ocultar una conspiración ilegal para minar la integridad de las elecciones presidenciales de 2016 y otras violaciones de leyes electorales”. En la jugosa “declaración de hechos” con que la fiscalía acompaña el pliego de cargos, se asegura tener comunicaciones que muestran que Trump instó a Cohen a retrasar el pago todo lo que fuera posible, con la idea de que “si podían retrasar hasta después de las elecciones podrían evitar pagar, porque a ese punto no importaría si la historia se volvía pública”, algo que desmontaría el argumento defendido por los aliados de Trump de que solo trataba de proteger a su familia. Esa declaración de hechos también asegura que Trump y los otros participantes en su “trama” dieron “pasos que engañaban, por propósitos de impuestos, la verdadera naturaleza de los pagos”. Y en la rueda de prensa Bragg señaló tanto a esos posibles fraudes a hacienda como a una violación de la ley estatal electoral de Nueva York que hace delito conspirar para promocionar una candidatura por medios ilegales como a una ley electoral federal que limita las contribuciones a una campaña. Las preguntas en todos los casos son múltiples. Expertos legales dudan de cómo una violación de una ley estatal podría aplicarse en el caso de una campaña presidencial. También de qué autoridad tendría una fiscalía local para perseguir un crimen federal que nunca podría imputar porque no le corresponde. Y es vago el lenguaje sobre las posibles pretensiones para engañar a Hacienda, que explicaría que los 130.000 dólares que pagó Cohen se convirtieran a la hora del reembolso en 420.000, supuestamente para hacer frente a las subidas de impuestos que le llegarían tras los cobros. Ryan Goodman, profesor de derecho en New York University, le ha dicho a ‘The New York Times’ que “la referencia a declaraciones a hacienda puede salvar el caso de retos legales que podrían surgir si los cargos de delitos se basan solo en leyes electorales federales y estatales”. Y el consenso es que esa segunda alternativa, la de que Bragg se centre en leyes electorales, es frágil. Muchos no llegan a tildar el caso de “ridículo”, como hacen el propio Trump o sus más acérrimos aliados, pero sí lo cuestionan. William Barr, que fue fiscal general en la Administración del republicano pero acabó distanciado de él tras los esfuerzos de Trump para revertir los resultados legales de las presidenciales de 2020, ha dicho que es “patéticamente débil”. Richard Hasen, una de las autoridades legales de EEUU, lo ha tildado de “error” en ‘Slate’ y ha asegurado que “es muy fácil verlo caer por insuficiencias legales o enredarse en tribunales hasta bien pasadas las elecciones de 2024 si es que algún día llega a juicio”. También Ian Millhiser, un analista legal progresista, ha asegurado en ‘Vox’ que Bragg “ha construido uno de los casos penales de más alto perfil y controvertidos de la historia de EEUU sobre los cimientos más inciertos”. Y Andrew Weissmann, profesor de derecho en NYU y que fue uno de los abogados que trabajó en la investigación de Trump y la injerencia rusa que dirigió Robert Mueller, ha declarado en MSNBC: “Te deja un poco preguntándote cuál es precisamente el crimen”. Algunos interrogantes irán contestándose en las próximas fases del proceso, cuando la fiscalía tenga que compartir información en su poder con la defensa. Pero será cuestión de meses, y un potencial juicio no empezará antes del año próximo, con la siguiente vista prevista para el 4 de diciembre. Bragg, firme Bragg, en cualquier caso, no se ha dejado guiar por las voces que desde hace tiempo cuestionaban lo apropiado de que actuara contra Trump, con un testigo fundamental como Cohen salpicado por sombras de poca credibilidad y, además, antes de que acaben otras investigaciones federales y estatales que pueden derivar en cargos más graves. Y el martes, en su rueda de prensa, hacia un firme alegato para defender el histórico paso dado por su oficina, que desde 2019 ha realizado 280 imputaciones por delitos de falsificación documental. “En su núcleo, este caso es uno con acusaciones, como tantos de cuello blanco, de que alguien mintió una y otra vez para proteger sus intereses y evadir leyes que todos debemos cumplir”, decía Bragg. “Como esta oficina ha hecho una y otra vez, cumplimos nuestra solemne responsabilidad de asegurar que todos somos iguales ante la ley, ninguna cantidad de dinero ni de poder cambia ese duradero principio estadounidense”.

Incertidumbre sobre la viabilidad del caso penal contra Trump

Numerosos expertos legales, de todo color político, ven debilidades en la estrategia de la fiscalía

No se ha detallado el crimen por el que se elevan a 34 delitos otras tantas faltas de falsificación de documentos

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