Oleada de huelgas y protestas, ¿qué está pasando en Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido?

La primavera ha llegado pisando fuerte en Europa. Las huelgas, manifestaciones y, en algunos caos, disturbios se han apoderado de las grandes ciudades europeas. La reforma de las pensiones en Francia, el aumento del coste de la vida tras el Brexit o una inflación desbocada han sido las gotas que han colmado el vaso en un continente en el que cada vez cuesta más acceder a derechos básicos como la vivienda o llenar el carro de la compra. Así se ha manifestado el descontento en París, Berlín, Lisboa o Londres: Francia arde de indignación contra la reforma de las pensiones de Macron Los sindicatos franceses han liderado la oleada de huelgas y manifestaciones más multitudinarias en el siglo XXI en el bullicioso país vecino. Desde el 19 de enero, han organizado 10 jornadas de movilizaciones —ocho de ellas bajo el marco de una huelga general— contra la reforma de las pensiones, que aumenta la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa). En hasta cinco días (19 y 31 de enero, 11 de febrero, 7 y 23 de marzo) hubo alrededor de un millón de manifestantes, según los datos austeros de las fuerzas de seguridad, que no representan una realidad fidedigna. Esta ola de indignación se debe, en primer lugar, al tipo de reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron y su Gobierno. Desde una perspectiva francesa, se trata del recorte más duro del sistema de jubilación galo —uno de los más avanzados de Europa y que garantiza un menor porcentaje de gente mayor pobre— desde que en 2010 el presidente Nicolas Sarkozy elevó la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años. Además, esta medida ha representado la gota que ha colmado el vaso de un malestar más generalizado, tanto por una situación económica degradada por la inflación y la crisis energética como por aquellas políticas del dirigente centrista que conllevan recortes del Estado del bienestar. A ello, se le suma un estilo de gobierno vertical y a golpe de decreto. Pese a confrontarse a una imponente marea sindical, el Ejecutivo macronista mantuvo una posición inflexible. Como no logró el respaldo de una mayoría absoluta de diputados en la Asamblea Nacional, impuso el 16 de marzo la reforma a través de un polémico decreto gubernamental, recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución. Pocos días después, una moción de censura se quedó a 9 votos de tumbar la medida y al Ejecutivo de Élisabeth Borne. En esas mismas fechas, se reprodujeron protestas espontáneas de jóvenes y disturbios (con numerosos incendios de bolsas de basura y otros objetos de mobiliario urbano) durante siete noches consecutivas. La situación ahora mismo se ha calmado, pero continúan las huelgas ilimitadas en algunos sectores, como las refinerías de combustible, y las acciones diarias de manifestantes, como los cortes de carretera. El 6 de abril tendrá lugar la novena huelga general. Con su posición férrea, el Gobierno de Macron ha sacado adelante la medida, pero el coste político ha sido muy elevado y sale muy desgastado del pulso con los sindicatos. La popularidad del presidente ha caído a sus niveles más bajos desde la crisis de los chalecos amarillos. Algunas voces en el seno de la coalición macronista piden escuchar la propuesta sindical de pulsar el botón de pausa, aplazar la entrada en vigor de la reforma y negociar de nuevo. La primera ministra Borne ha convocado a los líderes sindicales a una reunión en Matignon el 5 de abril. Representará el primer encuentro desde que empezó este conflicto social, aunque las expectativas no son demasiado elevadas de que sirva para desencallarlo. ENRIC BONET (París) 10,5 %, la cifra que paraliza Alemania Apenas un decimal separa el nivel máximo de inflación alcanzado el pasado mes de octubre del aumento salarial que el sindicato del sector público alemán, Ver.di, reclama para los 2,5 millones de trabajadores del sector. Un 10,4 %, para ese reciente repunte de precios, frente al 10,5 % de la reivindicación sindical. La defensa de ese porcentaje paralizó el pasado lunes los trenes, aeropuertos y transporte público de buena parte del país. No solo lo reclama Ver.di para los empleados del transporte de pasajeros, sino también para el personal de servicios de limpieza municipales, clínicas, geriátricos o guarderías contratados por los poderes públicos. Una reivindicación sensata, ya que correspondería casi milimétricamente al ajuste anual de sus salarios de acuerdo al nivel de la inflación. Pero que puede llevar al siguiente estallido no solo social, sino también económico en la primera potencia del bloque comunitario que, si finalmente logra esquivar la recesión, será por los pelos. Hasta ahora, la rabia de los trabajadores en lucha no se ha plasmado en caos, barricadas ni montañas de basura acumuladas en las calles. Las imágenes de la huelga de advertencia a escala nacional, que seguía a muchas anteriores jornadas de paros puntuales, etc, correspondían a estaciones y terminales de aeropuertos desiertos como no se vieron ni durante las restricciones viajeras por la covid. Pero la lucha por ese porcentaje va más allá de las muchas negociaciones entre patronal y sindicatos que acaban encontrándose en algún decimal intermedio. Alemania es una potencia industrial y económica, pero esa riqueza no alcanza a muchos de sus ciudadanos. Los sueldos reales habían perdido ya un 3,5 % en el último año -es decir, antes del azote de la inflación precipitado por la crisis energética. Las cifras de ocupación marcan un récord tras otro: la población laboralmente activa se sitúa en 45,5 millones de personas -del total de 82 millones de habitantes-, pero unos 12 millones de estos trabajadores lo son a tiempo parcial. No porque así lo deseen, en aras de la conciliación de su vida familiar y laboral, sino porque solo encuentran trabajo en formato minijob. La implantación del salario mínimo interprofesional -a partir de este abril, 13 euros por hora-, impulsada por el Partido Socialdemócrata (SPD), ha mejorado sus condiciones de trabajo. Pero en el futuro percibirán jubilaciones mínimas, de acuerdo al nivel de que cotizaron. Berlín, la capital de la primera potencia económica, el porcentaje de población en los umbrales de la pobreza o marginalidad se sitúa en un 16,9 %. MARINA FERRER (Berlín) Grandes movilizaciones en Portugal Los tres primeros meses del año han empezado con grandes movilizaciones sociales en Portugal. Las más destacadas han sido protagonizadas por los sindicatos de profesores, que están convocando huelgas desde diciembre para exigir, entre otras medidas, que les devuelvan los más de nueve años en los que la progresión de las carreras estuvo congelada. Por ahora el Gobierno portugués ha descongelado casi un tercio, pero los profesores lo consideran insuficiente. El Ejecutivo y los sindicatos educativos siguen negociando, aunque el Ministerio de Educación considera inviable el gasto que supondría recuperar la totalidad de los años de carrera de los docentes. Otros sindicatos de trabajadores públicos, como los funcionarios de Justicia, también exigen la recuperación del tiempo congelado, aunque por ahora no han conseguido llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, cuya última propuesta incluye una reducción de los puntos necesarios para ascender en la escala salarial para los trabajadores con más de 18 años de servicio acumulado. Las huelgas en los transportes, principalmente en la empresa estatal de ferrocarriles, Comboios de Portugal, han tenido un fuerte impacto en el desplazamiento de pasajeros. También los médicos se encuentran en pleno proceso de negociación con el Gobierno, al que exigen medidas estructurales urgentes y mejores condiciones laborales para fijar al personal existente y para atraer a trabajadores jóvenes, que en muchos casos optan por entrar en la sanidad privada o emigrar a países del norte de Europa con mejores salarios. Uno de los dos principales sindicatos, la Federación Nacional de Médicos (FNAM) convocó dos días de huelgas a principios de marzo con la esperanza de añadir presión al Gobierno, con quien mantendrá reuniones hasta finales de junio. Más allá de las protestas de cada sector, también ha habido movilizaciones contra el aumento generalizado del coste de vida, protagonizadas por el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP). Entre sus reivindicaciones está el aumento del salario mínimo hasta los 850 euros -algo que el Gobierno prevé sólo en 2025- y un incremento de al menos 100 euros mensuales de todas las remuneraciones. El sindicato se descolgó del acuerdo de rentas alcanzado entre la patronal y el sindicato UGT argumentando que no compensa la subida de la inflación, de un 7,8% en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística. Para intentar reducir la tensión en las calles, el Ejecutivo de António Costa ha anunciado un aumento adicional de un 1% de las remuneraciones de los trabajadores públicos a partir de abril -que se suma a los 52 euros de incremento en enero para los salarios inferiores a 2.612 euros mensuales-, así como una subida de un 15,4% de las prestaciones por dietas, lo cual supondrá un gasto adicional total de 445 millones de euros para el Estado. LUCAS FONT (Lisboa) Un año de pulso en el Reino Unido En el Reino Unido hace más de un año, desde la época de Boris Johnson, que el sector público está echando un pulso con una ola de huelgas que amenaza con poner en jaque al Gobierno. Todos los sectores han convocado huelgas, desde los trabajadores de los ferrocarriles, los de Correos, las enfermeras (primera vez en la historia) o los conductores de ambulancias hasta los maestros de escuela, los abogados de oficio, los basureros o los oficiales de fronteras. Todos piden una subida de los salarios acorde con la inflación, que está por encima del 10%. El problema es que el Gobierno ya no tiene más dinero para este año. De momento el Gobierno de Rishi Sunak ha conseguido frenar temporalmente los paros de las enfermeras y los conductores de ambulancias para abrir negociaciones. Les ha ofrecido una paga extra de 3.800 libras y una subida del sueldo de 5% adicional el próximo año. Los sindicatos están estudiando la oferta. Las huelgas de enfermeras, trabajadores de ambulancias y fisioterapeutas han llevado hasta ahora a la cancelación de más de 140.000 operaciones y citas. El coste para el Gobierno es de 2.500 millones de libras esterlinas. Más complicadas están las negociaciones con los médicos en prácticas, que piden un incremento del 25% de las nóminas, y, sobre todo, con los maestros de escuelas y de institutos. Después de semanas de conversaciones, se ha puesto sobre la mesa un pago único de 1.000 libras para este año escolar y un aumento del 4,3% el próximo año para la mayoría de los profesores. Pero desde el sindicato han calificado la oferta de "insultante" y amenazan con convocar huelgas para principios de verano, para cuando están programados los exámenes preuniversitarios a nivel nacional, el equivalente a la selectividad en España. También el Gobierno ha conseguido que se suspendan temporalmente las huelgas de ferrocarriles previstas para esta Semana Santa abriendo negociaciones con los sindicatos. Éstos dicen que cualquier oferta salarial debería reflejar el aumento del coste de vida, que es de más del 10%. La industria ferroviaria advierte de que no puede llegar a este porcentaje porque la pandemia provocó un agujero enorme en sus finanzas. Hicieron una oferta para que los conductores de trenes recibieran un aumento salarial retroactivo del 4% para 2022 y un aumento del 4% para este año. Pero los sindicatos calificaron la oferta de "ridícula". Así que, por el momento, pese a la sutil tregua, no se atisba el final del conflicto. A. NIUBÓ (Londres)

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