"Vosotras venís a Andorra a comprar. Nosotras vamos a Catalunya a abortar", así de contundente se ha mostrado en múltiples ocasiones la activista feminista y proabortista andorrana Vanessa Mendoza. Sus acciones al frente de la asociación Stop Violències podrían llegar a costarle 30.000 euros si no se retiran los cargos de calumnias y difamación de los que le acusa la Justicia de su país. En el Principado está prohibido abortar en todos los casos. Junto a Malta, es el único país europeo que aplica leyes tan estrictas sobre la interrupción del embarazo.
Derechos de las mujeres
30.000 euros y antecedentes penales, las consecuencias de defender el aborto en Andorra
A pesar de que el activismo por los derechos de la mujer y el aborto no están prohibidos como tal por ley en el Código Penal, de facto, defender dichos preceptos puede suponer cargos de calumnias, difamaciones o desprestigio a las instituciones
Vanessa Mendoza en una de sus acciones defendiendo el aborto. /
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