La central nuclear de Fukushima se enfrentó a un tsunami con escasos cinco metros de margen sobre el nivel del mar. Una cascada de fallos críticos en la infraestructura, tras un terremoto de magnitud 9 según la escala sismológica de Richter, la convirtió en un gigantesco volcán tóxico. Liberó una radiactividad al mar de más de 18.000 terabecquerelios (TBq); un vómito dantesco y venenoso pero cinco veces inferior, eso sí, a la magnitud de los desechos arrojados en el noroeste del Atlántico entre mediados de los años cuarenta y 1982. Son datos del Comisariado para la energía atómica y las energías renovables de Francia (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA), que dan una idea del carácter secundario y residual –nunca mejor dicho– que los gobiernos entonces conferían a la salud de los océanos. Se tiraban miles de bidones de acero y hormigón al mar porque parecía el mejor y único remedio para deshacerse de desperdicios radiactivos, con restos de insumos médicos, militares o de la industria nuclear. A 300 millas de la costa gallega se lanzaron unos 220.000, amén de otros yacimientos en la cántabra o el Golfo de Vizcaya y que no serán evaluados por la Comisión Europea, como acaba de zanjar Bruselas. Un trabajo que sí asumirá un país, pero en solitario: Francia proyecta dos misiones submarinas para supervisar su estado, como confirmó a FARO uno de los miembros del equipo investigador.