Quién es Alvin Bragg, el fiscal que ha hecho historia por la imputación a Donald Trump

Alvin Bragg marcó un hito cuando, tras superar unas intensas primarias en el Partido Demócrata, fue elegido en 2021 como primera persona negra al frente de la oficina de la fiscalía de distrito de Manhattan, una de las cinco que constituyen el ministerio público representando cada uno de los barrios de Nueva York. Ahora, Bragg ha entrado en la historia por una puerta mayor: el gran jurado ha votado presentar cargos penales contra Donald Trump por los pagos que el republicano realizó antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels sobre una relación sexual, que Trump niega, por lo que se ha convertido en el primer fiscal que imputará a un expresidente de Estados Unidos. Esa circunstancia ha intensificado la atención y, por parte de Trump y los republicanos, los ataques feroces a este fiscal progresista de 49 años, que ya ha pasado por turbulencias en sus 15 meses en el cargo. Y ahora, pese ser visto por allegados y colaboradores como alguien que gusta de mantener un perfil bajo, y que trata de evitar la política, Bragg se ve inmerso en el centro de una tormenta que puede hacerse épica tanto en lo político como en lo legal. Historia con Trump Bragg nació y se crio en Harlem, donde sigue viviendo. Estudió en el centro privado de élite Trinity School en Manhattan y se graduó luego en la Facultad de Derecho de Harvard. Fue fiscal federal y luego llegó a número dos en la fiscalía del estado de Nueva York. Allí, además de trabajar en casos como la investigación de Harvey Weinstein, supervisó el caso contra la Fundación Trump, que acabó con el cierre de la misma y un acuerdo por el que el empresario accedió a pagar dos millones de dólares por haber usado indebidamente los donativos para "intervenir en las primarias presidenciales del 2016 y promover sus propios intereses políticos". Allí también investigó los abusos policiales de las controvertidas tácticas de "detención y cacheo" y fue el primer jefe de una unidad especial dedicada a investigar muertes causadas por violencia de agentes. Al abandonar ese puesto, y antes de presentarse como candidato, fue profesor y abogado de derechos civiles, llegando a representar en una demanda contra la policía neoyorquina a la madre y la hermana de Eric Garner, un hombre negro que murió asfixiado por agentes cuando vendía cigarrillos sueltos en Staten Island. Reforma de la justicia penal La lucha contra los abusos y las malas conductas policiales fue justamente una de las propuestas sobre las que hizo campaña Bragg, que abogó además por la reforma del sistema de justicia penal, el fin de las encarcelaciones masivas y la reforma del sistema de finanzas en efectivo que contribuye a esa masificación, castigando especialmente a personas de bajos ingresos y minorías. Como otros fiscales que apuestan por esa reforma, la campaña de Bragg recibió una donación (de medio millón de dólares) de Color of Change, un comité de acción política financiado por George Soros, una de las bestias negras para Trump y los conservadores, que no han dejado en la última semana de recordar esa financiación. Solo dos días después de llegar al cargo, Bragg empezó a aplicar lo prometido. Emitió un memorando recomendando a los 500 fiscales de su oficina que dejaran de perseguir algunas ofensas menores, instándoles a no presentar cargos por delitos leves y a dejar de recomendar peticiones de cárcel para otros como robo, agresión o posesión de un arma de fuego si en esos casos no había otro crimen. La respuesta fue virulenta desde la policía y el mundo conservador pero Bragg también enfrentó críticas de demócratas moderados. El alcalde neoyorquino, Eric Adams, un expolicía que ganó su elección con una campaña centrada en la seguridad, aseguró, por ejemplo, que sus medidas alentaban al crimen. Y Bragg reculó, emitiendo un comunicado en el que se disculpaba por la "confusión", retiraba las instrucciones y clarificaba que se tomarían las decisiones caso por caso. Otro caso contra Trump aparcado No fue la única convulsión en sus primeros pasos en una fiscalía donde ha creado una nueva división especializada en las víctimas, ha contratado a nuevos líderes para la que persigue delitos sexuales, ha intensificado el trabajo a favor de los derechos de inquilinos o empleados y ha reforzado la lucha contra las armas de fuego y los abusos policiales. En febrero dimitieron Carey Dunne y Mark Pomerantz, dos fiscales que bajo la dirección del predecesor de Bragg, Cyrus Vance, habían estado investigando las finanzas de Trump, cuando Bragg decidió aparcar de momento ese caso, centrado en las presuntas tácticas del presidente inflando el valor de sus activos para conseguir créditos. Lo hicieron con críticas feroces, especialmente Pomerantz, que luego escribió un libro. Quienes conocen y han trabajado con Bragg, así como expertos legales, aseguran que simplemente respondía a su perfil: metódico, atento a los detalles, y convencido de no plantear un caso si no lo considera "muy fuerte", algo que Pomerantz y Dunne no parecían haber conseguido. Y aunque Bragg abandonó esa investigación de la posibilidad de que Trump hubiera cometido personalmente fraude, no dejó de trabajar. Imputación de Banon En septiembre logró la imputación de Steve Bannon por lavado de dinero, conspiración y fraude por desviar fondos recaudados supuestamente para construir el muro en la frontera con México por el que clamaba Trump. Y en diciembre consiguió una condena por 17 cargos de fraude fiscal y otros delitos financieros de dos unidades de la Organización Trump, en parte gracias al testimonio del consejero financiero, Allen Weisselberg, que accedió a testificar a cambio de una sentencia más leve (cinco meses de cárcel). Tras esa convicción del entramado empresarial del expresidente, además, Bragg resucitó lo que en la oficina se conocía desde hacía años como el 'caso zombie': el de los pagos a Stormy Daniels. En enero convocó al gran jurado, que empezó a escuchar testimonios y vio pruebas y ahora ha decidido presentar los históricos cargos. Insultos racistas Muchas dudas legales rodean al caso, que potencialmente se construiría con una novedosa combinación del delito por falsificación de documentos para ocultar los pagos con uno más grave de violación de leyes de financiación de campaña, pero eso no ha impedido los ataques de Trump y sus aliados, que acusan a Bragg de "racista" o por los vínculos a Soros. El expresidente el jueves llegó a insultarle como "un animal". En la Cámara Baja, ahora controlada por los republicanos, tres presidentes de comités le han acusado de "abuso sin precedentes de la autoridad fiscal" y le han exigido que se entreviste con ellos y facilite documentos sobre la investigación, incluyendo potenciales registros de conversaciones con el Departamento de Justicia, que sustentarían las denuncias de Trump de una "caza de brujas política". Bragg, firme Bragg ha respondido firme. "No seremos intimidados por intentos de minar el proceso de la justicia, no dejaremos que acusaciones sin base nos desvíen de la aplicación justa de la ley", se lee en un comunicado emitido por un portavoz. "En cada caso -añade- seguimos la ley sin temor o favoritismos para descubrir la verdad". Bragg además ha dado una respuesta legal catilinaria a los tres republicanos. En una carta enviada este jueves por Leslie Dubeck, su principal asesora legal, la oficina del fiscal denuncia los esfuerzos republicanos como “una investigación sin precedentes de un caso local pendiente de resolución” y la tilda de “inconstitucional”. La misiva recuerda que la petición de entrevista e interrogatorio a Bragg de los tres republicanos “llegó después de que Trump creara falsas expectativas de que iba a ser detenido y sus abogados les instaran a intervenir. Ninguno de esos dos hechos”, se recuerda, “es una base legítima para una investigación del Congreso”. En la carta se señala además que los republicanos piden información que, por ley, es confidencial, y se califican sus esfuerzos como una “incursión ilegal en la soberanía de Nueva York”. Aun así, se solicita una reunión para tratar de entender si los comités tienen “algún propósito legislativo legítimo que pudiera ser satisfecho”. Los tres republicanos han solicitado también entrevistarse y obtener documentos de Pomerantz y Dunne, los dos fiscales que dimitieron en febrero.

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